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El Hospital Distrital de Eusebio Ayala necesita solo cinco millones de guaraníes para reparar su equipo de rayos X, averiado desde hace seis meses. Hasta la fecha, según denuncias de médicos del nosocomio, ni el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni el Consejo de Salud Local han podido liberar los fondos, reiteradas veces solicitados, para adquirir los repuestos necesarios.
Que este escándalo haya salido a la luz habrá causado un gran disgusto a la directora de la Tercera Región Sanitaria, Doricel Ferreira, pues esta médica y dirigente colorada de Piribebuy prohibió a sus funcionarios que recurran a la prensa en casos similares, so pena de ser destituidos, pretendiendo así que su ineptitud permanezca oculta.
Desde luego, el hecho referido es solo una de las múltiples expresiones cotidianas de la inoperancia, de la desidia y del autoritarismo en la prestación de los servicios públicos, para mal de la ciudadanía y para bien de los tantos funcionarios que se empotraron en sus cargos para vivir a costa de los demás. En realidad, ellos no creen que deban atender las necesidades o los reclamos de sus compatriotas, sino los intereses de los políticos que les patrocinaron oportunamente. La sensibilidad de la mayoría de ellos está embotada, de modo que no les inquieta tanto que los enfermos no puedan ser atendidos, que las escuelas estén derruidas o que los caminos se encuentren intransitables. Y si algunos de ellos se preocupan por la suerte de quienes les pagan sus salarios, son amenazados o hasta sancionados por sus superiores.
En este deplorable ambiente, quien sea honesto, diligente e idóneo es un mal ejemplo para los parásitos y un problema para el jerarca, por la simple razón de que, por contraste, los deja en evidencia. Lo que a la generalidad de los funcionarios les preocupa, sobre todo, es apoyar las pretensiones políticas y monetarias de sus padrinos, incluidas las de sus amigos y parientes. Como no ingresaron por sus propios méritos, consideran que deben sentirse agradecidos a los mandamases que, si no se “portan bien”, pueden removerlos de sus puestos.
Los dirigentes de todo pelaje creen que el aparato estatal es un botín del que tranquilamente pueden apropiarse después de ganar unas elecciones generales o municipales. Ese botín está constituido por los cargos, que se reparten de acuerdo a un “cuoteo” entre los dirigentes de uno o más partidos. Si hay disputas entre ellos, es porque la torta no es tan grande para satisfacer las expectativas de todos los comensales. Así, la actividad política se reduce a tratar de conquistar el poder como un fin para iniciar el camino al enriquecimiento ilícito.
Dado que el funcionariado de todo el país está sometido a la política, su desempeño solo puede ser pésimo. Es que sus “patrones” no son los ciudadanos y ciudadanas que los votaron, sino los capitostes a quienes deben el gran favor de estar en el cargo. La ciudadanía se halla indefensa ante su falta de apego al trabajo, su ineptitud y su deshonestidad. ¿A quién recurrir, si incluso la Justicia está contaminada por la partidocracia y por la voracidad de una clase política enviciada hasta los tuétanos? De la Defensoría del Pueblo, ni siquiera vale la pena ocuparse.
También están indefensos los auténticos servidores públicos, es decir, aquellos que intentan cumplir con su deber, pese al entorno malsano. No pueden sentirse protegidos por la Ley de la Función Pública, que es infringida en el propio Congreso y que, por cierto, ni siquiera rige en una serie de entidades públicas. Si se muestran renuentes a participar en una campaña electoral o a exhibir su pública adhesión a la candidatura del algún jerarca, corren el serio riesgo de ser censurados por sus colegas corrompidos y de ser destituidos de inmediato. Si la irresponsable directora Doricel Ferreira fuera candidata a diputada por el departamento de Cordillera, se podría tener la certeza de que los funcionarios de la Tercera Región Sanitaria tendrán que ocuparse de apoyarla antes que de atender a los sufridos pacientes. Como no existe de hecho una carrera de la función pública, quienes la ejercen están expuestos a los vaivenes de la situación política, en todas las jerarquías y no solo en los llamados cargos de confianza.
En otros términos, el país carece de funcionarios en serio, al servicio del pueblo, sujetos solo a los mandatos de la ley. No pueden contar con el respaldo de sus organizaciones gremiales, cuyos dirigentes están más empeñados en conservar y ampliar sus privilegios antes que en defender los derechos de sus agremiados frente a la prepotencia política. No se los oye hablar más que para exigir aumentos salariales en beneficio de la multitud de parásitos que puebla los pasillos de los organismos del Estado. Cuando se trata de defender a algún funcionario removido del cargo por haber ignorado una orden de los políticos, guardan un silencio sepulcral porque ellos mismos les deben favores. Así como hay buenos políticos, hay también buenos funcionarios, pero debe admitirse que unos y otros forman una exigua minoría.
Para acabar con esta calamidad de larguísima data, es preciso atacar su causa principal, que no es otra que la política convertida en una práctica aberrante, que termina afectando la prestación adecuada de los servicios públicos al incidir en la composición del personal de la administración pública. Entre los infortunios del Paraguay de hoy figura, en primer lugar, la pobreza moral e intelectual de sus dirigentes.
Mientras la sociedad civil organizada no promueva una profunda renovación de su “clase política”, seguiremos soportando canalladas como las que deben sufrir los enfermos del Hospital Distrital de Eusebio Ayala y los buenos funcionarios de la Tercera Región Sanitaria.
La culpa final de nuestro atraso la tienen los políticos que padecemos, entre quienes también figura la directora regional Doricel Ferreira: ella encarna, precisamente, la calidad de la gestión pública y la índole de esos verdugos que la ciudadanía suele elegir con tanta desaprensión. Hay que barrerlos con el voto, para que no terminen sepultando al país con su inmundicia.