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En una determinación que debe ser ponderada en su justa medida por representar el cumplimiento de elementales prescripciones constitucionales, el juez penal de Garantías Rubén Ayala Brun, a través del oficio Nº 1857, solicitó al presidente de la Cámara de Senadores, Jorge Oviedo Matto, que notifique debidamente acerca del trámite dado a la solicitud de información pública presentada por ABC Color.
Hace casi un mes, nuestro diario pidió a las cámaras de Senadores y Diputados informes relativos a su funcionamiento, erogaciones presupuestarias, asistencia de los parlamentarios y proyectos impulsados por estos durante el presente periodo constitucional. En suma, una serie de datos que hacen al interés general, así como al necesario deber de las autoridades de garantizar la publicidad de sus actos.
La Cámara Baja ha respondido apenas la mitad de las consultas formuladas, mientras que el Senado, a través de su titular, se permitió el derecho de incumplir las disposiciones constitucionales, alegando que no se prestarían a “simples caprichos” de la prensa.
El artículo 28 de nuestra Ley Fundamental es lo suficientemente claro y taxativo: “Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de que este derecho sea efectivo”.
En cumplimiento de su responsabilidad ante la ciudadanía, ABC Color presentó un recurso de amparo que fue debidamente tramitado por el juez en cuestión. El plazo para responder a nuestras requisitorias expira este viernes.
Es preciso recordar a las autoridades parlamentarias, así como a los demás integrantes de los tres Poderes del Estado, que en el Paraguay nadie está por encima de la ley, y que los ciudadanos están asistidos por el derecho de conocer la actuación de sus mandatados, quienes, además, perciben sus haberes del erario público, es decir, de los recursos aportados por todo el pueblo paraguayo para el debido funcionamiento de la administración pública.
La ciudadanía quiere conocer en qué han invertido los legisladores su tiempo en estos últimos cuatro años y medio de gestión. Ella merece ser debidamente informada, máxime cuando se considera que un abrumador número de congresistas aspira a la reelección. Por lo tanto, los datos acerca de su accionar público en estos momentos de campaña política son de crucial importancia para los electores a la hora de hacer una adecuada elección de sus autoridades en los comicios de abril próximo. No se debería volver a votar a quienes se niegan a informar sobre cómo se comportaron en este periodo constitucional que termina.
Ampararse en un falso espíritu de cuerpo o alegar una virtual “inconveniencia” de revelar cierta información que es claramente pública, no hará más que consolidar en la opinión pública la idea de que los senadores tienen algo que ocultar. En otro orden de cosas, argumentar que el artículo 28 de la Constitución no puede ser cumplido por el mero hecho de no existir una ley reglamentaria, es un absurdo jurídico, ya que la falta de una norma específica no puede servir de excusa para desconocer la existencia de una garantía superior, contemplada en el marco de la prelación de las leyes vigente en la República del Paraguay.
Por lo tanto, si lo que se pretende es evidenciar que se actúa con transparencia y que de verdad se busca combatir la corrupción, animamos a las autoridades afectadas a dar pronto trámite a los requerimientos formulados por el juez competente.
Al mismo tiempo, es de esperar que, escudándose en la posición encumbrada que ocupan en la pirámide del Estado, los parlamentarios no ejerzan ningún tipo de presión –ni menos aún que pretendan sancionar indebidamente– al magistrado que tuvo la valentía de exigir el cumplimiento de los mandatos constitucionales, ordenando al Parlamento liberar los datos solicitados en un plazo perentorio de tres días.
Los paraguayos necesitamos tener toda la información necesaria para juzgar la actuación pública de los senadores, sobre todo de aquellos que pretenden que los votemos otra vez. Suministrarla es una obligación estricta de quienes detentan el poder, no un favor especial o una contemplación particular que se tiene hacia quienes ejercemos la función periodística. La Constitución está para ser cumplida, no para debatir entre cuatro paredes y a espaldas de la ciudadanía si conviene o no poner en práctica lo que ella claramente ordena.