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Para legitimar la continuidad de Sacyr como empresa miembro de un consorcio competidor en la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi, la Dirección de Proyectos Estratégicos (DIPE) formuló una consulta a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que, argumentos mediante, concluye que Sacyr sí puede seguir compitiendo, aun cuando hay visos de una violación a la ley de APP, por la recisión de su contrato en el Aeropuerto de Murcia-España.
Resulta que tanto el pliego de bases y condiciones como la ley que regula los procesos de contratación vía Alianza Público-Privada (APP) disponen la imposibilidad de presentar ofertas o ser contratistas a las personas que tengan un proceso judicial o trámite por incumplimiento contractual; así también, establece que dichas personas no podrán actuar como miembros de un consorcio oferente o contratista ni ser subcontratistas del oferente o contratista, como sucede en este caso.
Pero, además del incumplimiento de contrato en Murcia, donde el Estado se lo rescindió por incumplimiento, Sacyr tiene antecedentes por haber incumplido su contrato de ampliación del Canal de Panamá.
En tanto que en Colombia, Sacyr tuvo que retirarse de dos proyectos: el del Magdalena Medio, adjudicado en 1997 para la construcción de la vía Tobiagrande-Puerto Salgar, que actualmente se construye bajo el nombre de la Ruta del Sol, entre Bogotá y Santa Marta, por licencias ambientales; y una presunta adjudicación irregular de la Vía para la Prosperidad, en el departamento de Magdalena.
El dictamen a medida
La consulta en cuestión fue hecha por la propia directora de Proyectos Estratégicos del MOPC, Claudia Centurión, como resultado de una observación hecha por la Secretaría Técnica de Planificación (STP) a la evaluación a Sacyr. La STP es parte clave en este proceso.
El dictamen jurídico en el que se basa Centurión para mantener en carrera a Sacyr está firmado por el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos, también del MOPC, Dionisio Mereles.
El documento al que accedió ABC Color, y que evidencia que en este proceso el MOPC, para legitimar sus actuaciones, se pregunta y responde a sí mismo, tiene fecha del 13 de diciembre del 2016.
En lo que según especialistas es una interpretación forzada, el dictamen de Mereles dice que “la Sociedad Concesionaria de Aeropuerto de Murcia SA (de la que Sacyr es parte) se encontraría incursa en la prohibición”.
El canon que ofrece Sacyr es del 32,06%, frente al 1,02% que ofrece Vinci-TOCSA. Sacyr aparece como virtual ganador en este llamado. No obstante, la adjudicación no puede hacerse hasta que no concluya la auditoría iniciada al proceso por la Contraloría.
¿Mal negocio para el país?
Hoy el aeropuerto recauda unos G. 300.000 millones al año, y así como está planteada esta APP, el Estado recibirá solo un tercio de los ingresos, y con eso el Gobierno pretende que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) siga manteniendo otros 10 aeropuertos. Según el titular de Dinac, Luis Aguirre, sería suficiente porque hoy justamente la mayor parte de esa recaudación se reutiliza para mantener la operatividad del Silvio Pettirossi, gasto que con la APP quedará en manos privadas.
Por otro lado, la semana pasada, en rueda de prensa, el ministro Ramón Jiménez Gaona reconoció que es posible modernizar el aeropuerto sin una APP, pero que el Gobierno decidió optar por ese sistema.