Víctimas de la dictadura piden cobrar indemnización

Varias organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura stronista reclamaron pago de indemnización estatal de los años 2011, 2012 y 2013. Duras críticas emitieron contra miembros de poderes del Estado que ganan millonadas y que para las víctimas no hay dinero para el pago.

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Entre las organizaciones que se manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio de Hacienda, se menciona a Codelucha, Familiares y Víctimas de la Dictadura Stronista, la Unión de Víctimas de la Dictadura, entre otros.

Reclaman que el Gobierno no haya pagado a las víctimas y sus familiares en concepto de indemnización del Estado, pese a que están aprobadas las resoluciones respectivas. Señalaron que Hacienda les adeuda parte del año 2011, todo el 2012 y del año 2013.

Indicaron que existen 1.800 resoluciones aproximadamente que esperan el pago correspondiente. También comentaron que están pendientes de resolución unos 30.000 pedidos de indemnización a víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Recordaron igualmente que existe una ley del Congreso que obliga a que sean totalmente pagadas durante el año de la resolución las indemnizaciones correspondientes.

Los manifestantes emitieron duros cuestionamientos a miembros de los poderes del Estado, principalmente a aquellos que reciben millonaria remuneración y que en muchos casos ni siquiera concurren a su lugar de trabajo. Hay dinero para pagar a planilleros, a niñeras y a los amigos, pero no hay dinero para pagar a las víctimas, dijeron. Acotaron que muchos de ellos se encuentran enfermos, sin atención médica y en otros casos sin recursos para compra de medicamentos.

Diferencias de criterios

Durante la manifestación emergió algunas diferencias entre las organizaciones de víctimas de la dictadura. Por un lado, el presidente de la Unión de Víctimas de la Dictadura, Julio Etcheverry, se reunió con el jefe de gabinete del ministro de Hacienda. Este invitó para que dos representantes de cada organización se reunan para coordinar una reunión posterior con el ministro de Hacienda en los próximos 12 días. Sin embargo, las demás organizaciones expresaron su desacuerdo con la propuesta y decidieron permanecer frente a la sede de Hacienda hasta que se materialice el pago de las resoluciones atrasadas. Señalaron que esa era la consigna para llegar hasta el local de Hacienda.

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