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Miguel Ángel Barrios, titular del CIVU, señaló en entrevista con Abc Color que la medida es hasta inconstitucional y que el presidente Horacio Cartes fue mal asesorado. Cuestionó que el incremento del arancel hasta el 25%, alegando que afectará a los vehículos de baja gama de los usados y no a los 0 km, siendo que son las familias de más bajos ingresos las que pueden acceder a un móvil de esas características.
“Vemos que se quiere cercenar a un sector de la sociedad, privarla de un bien tan necesario. Esa desigualdad es lo que molesta”, expresó Barrios. En cuanto a la contaminación de este tipo de vehículos, el empresario dijo que hay un mal asesoramiento y que los vehículos contaminantes no son precisamente estos que se quieren castigar.
Sobre el impacto del incremento del arancel, detalló que un vehículo de baja gama de entre 1.000 y 1.500 cc, tiene un costo promedio en el mercado de entre G. 20.000.000 y 30.000.000, a lo que se adicionaría entre G. 3.000.000 y 4.000.000.
Dijo además que en estas condiciones ya no habría mercado para estos vehículos y muchas playas dejarían de funcionar, ya que no estarían en condiciones financieras para sostener el mantenimiento del negocio.
Solo en Asunción operan al menos 130 playas, y cerca de 1.000 en todo el país.
Presentarán urgimiento
El Centro de Importadores de Usados presentará hoy una nota de urgimiento de revisión de la medida ante el Ministerio de Hacienda, con el propósito de llegar a un acuerdo, hasta una aplicación gradual, pero que sea equitativo a todos los sectores, ya sean nuevos o usados. “No se puede hacer excepción o diferenciación, eso es inconstitucional”, afirmó.
El CIVU argumenta que planteará esta reconsideración debido al gran impacto que recaerá sobre este segmento, sumado al bajón de las ventas ya existente. En el 2016, hasta julio, el CIVU registra el ingreso de unos 30.000 vehículos usados, pero con una caída del 25% con respecto al año 2015.
Medidas
A raíz de la sorpresiva resolución del Poder Ejecutivo, los importadores de usados determinaron que no van a despachar los vehículos hasta que están en tratativas, ya que el arancel les modifica grandemente el presupuesto que manejaban inicialmente. Señalan que aguardarán respuesta de Hacienda sobre el pedido de urgimiento. Otra medida es el freno de la importación de más vehículos hasta que se aclaren los puntos cuestionados por el sector.
La nueva disposición no afecta a los vehículos eléctricos-híbridos nuevos que están exonerados por Ley N° 5183/12; vehículos flex fuel nuevos; máquinas agrícolas o viales consideradas como bienes de capital.