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Los recursos que destina anualmente la Itaipú Binacional a los denominados gastos sociales no son componentes del costo del servicio de electricidad, afirmó el general en situación de retiro, Juan Antonio Pozzo, quien aseguró que “esos rubros no existen en el Anexo C, no están contemplados en el Tratado y, por consiguiente, su aplicación es ilegal”.
Según Pozzo, la gente se pregunta de dónde saca la plata Itaipú para los gastos sociales, una nueva misión que se impuso a partir del año 2005 por medio de una resolución interna de la binacional. Asimismo, el panelista señaló que hay un informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, donde se advierte que el acuerdo en el cual se amparan las autoridades de la Itaipú, no fue ratificado por el Congreso Nacional. “Ese dinero, no justificado legalmente, se estaría aplicando para la construcción de viviendas en el RC 4 Acá Carayá”, explicó.
Durante su presentación, Pozzo también se refirió a la resolución del Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración de la Itaipú, que en el año 2002 decidieron que se asocie a la potencia disponible para la contratación una energía llamada garantizada y otra llamada adicional a la garantizada. Básicamente se clasificó en energía garantizada y no garantizada, entonces, desde ese momento se puede afirmar que Itaipú vende energía. La adicional tiene un costo de 5,69 US$/MWh; mientras que la energía garantizada, se comercializa a 43,80 US$/MWh. Afirmó que esta modalidad que no está contemplada en el Tratado favorece sobre todo al Brasil, que contrata la mayor cantidad de potencia de la Itaipú, por consiguiente, se beneficia mucho más de la energía adicional, que tiene un costo inferior.
Asimismo, refirió que hay un aumento cada año en los ingresos de la binacional, por encima de lo establecido en el Anexo C del Tratado. “El dinero que ingresa por la energía adicional no forma parte del costo del servicio y la pregunta es dónde van a parar esos fondos”, indicó.
El representante de la Coordinadora de Defensa Zeballense, Ing. Julio Pallarolas, también expuso la posición del grupo y alertó sobre el daño ecológico que se puede ocasionar.