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El profesional es uno de los 11 frentistas de Asunción y Fernando de la Mora que elevaron una denuncia sobre este proyecto al Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), organismo del BID, pidiendo que se frenen los trabajos por violación a normas y la política operativa del banco.
“Ellos alegan que no han sido jamás consultados sobre la obra y que para aquellos que deberán desalojar la zona, no se ofrece ninguna alternativa de relocalización ni compensación económica. También plantean la falta de estudios de impacto ambiental e impacto sobre el patrimonio histórico”, se lee en la página web del MICI.
El informe agrega que “respecto al daño alegado (por los frentistas), plantean que esta obra tendrá un efecto negativo sobre su economía en dos vertientes: la primera durante la ejecución, en la que consideran que las ventas de sus comercios se verán afectadas por la falta de acceso y ello les llevará a reducciones de ingresos, al despido de empleados y al consecuente impacto en las economías familiares; la segunda vertiente es de aquéllos que han sido informados que deberán dejar la zona y ubicarse en otra área sin cursar planes de relocalización ni compensación”.
“Ya no se pronunciará”
De todas formas, Ríos Tonina cree que el MICI, que ha pospuesto varias veces desde el 2017 un informe final de su investigación, ya no se pronunciará sobre este punto, porque además de que con seguridad el resultado es adverso para el BID, ellos habían condicionado su trabajo a que no se presente ninguna acción judicial por parte de los frentistas, y el 22 de mayo pasado el propio Ríos Tonina había llevado una denuncia y documentos probatorios a la Embajada de EE.UU. en Asunción, pidiendo que eso se traslade al Departamento de Justicia y se investigue por este caso a los responsables del BID.
La fuente cree que la gente del BID puede entender eso como una acción judicial, y por lo tanto habrán renunciado ya a emitir el informe final del MICI.
“El BID violó sus propias normas y si se va a actuar con legalidad, con base a lo ocurrido hasta ahora, ya no pueden haber desembolsos más allá de septiembre próximo, en que termina el plazo dado por el Congreso”, alegó.
El metrobús tiene hoy obras solamente en el tramo 3 (San Lorenzo-Fernando de la Mora), que está a cargo de la empresa portuguesa Mota Engil, con un contrato por G. 404.000 millones, que incluye ya el tramo 2 (Avda. Eusebio Ayala, Asunción).
El MOPC ya adjudicó también el tramo 1, al consorcio de DC Ingeniería (Paraguay)-Stiler SA (Uruguay), por G. 134.579 millones. El tramo 1 y el tramo 2 no pueden iniciarse porque la Municipalidad de Asunción aún no ha dado el permiso correspondiente.