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El estudio actuarial presentado (2015-2100) parte del escenario más real, que es la que está vigente hoy día, en el que el sistema previsional no recibe el aporte estatal del 1,5 sobre el universo salarial del país y tiene además en contra el pago de aguinaldo o Beneficio Adicional Anual (BAA). Según el director de Cálculos Actuariales del IPS, Víctor Molinas, en esas condiciones y teniendo en cuenta una serie de variables referidas al crecimiento de la población y el número de asegurados, y las previsiones de jubilaciones y las proyecciones de la economía del país, se tendrá el primer “déficit corriente” en el 2035, es decir dentro de 19 años, mientras que si se eliminara los BAA, se podría postergar dicha situación por seis años más, es decir hasta el 2041.
En un escenario más ideal, es decir pagando el aguinaldo o BAA a los jubilados, pero suponiendo que el Estado va a cubrir su parte de acuerdo a lo que hoy prevé la ley, “se espera que los ingresos y egresos se igualen en el 2044, mientras que si no se paga dicho beneficio (BAA), el déficit se postergará hasta el 2050”.
La aparición del “déficit corriente” –aclararon– no significa que ahí termina el dinero del IPS, sino que a partir de ahí la previsional deberá empezar a utilizar sus reservas cada vez más, para ir cubriendo sus compromisos de pago con los jubilados.
En ese sentido, las autoridades del IPS advirtieron que si no se introducen a mediano plazo los cambios necesarios en el sistema del seguro social, se prevé, de acuerdo a los diversos escenarios estudiados, la posible extinción de los fondos en el 2057, o en el 2060, o máximo hasta el 2065, en condiciones muy especiales de inversión y manejo administrativo de ese dinero.
En ese sentido, el presidente del Instituto, Benigno López, no quiso adelantar los posibles cambios a proponer. “No tenemos nada sobre la mesa, ni siquiera un anteproyecto de ley; sí hay conversaciones”, alegó, abogando por una amplia discusión y debate de las posibles soluciones, hoy que las cosas están todavía bien.
De todas formas, esas eventuales soluciones esbozadas podrían pasar por la ampliación de la edad para jubilarse (quizá de 60 a 65 años) y el establecimiento de un mejor recurso legal para la captación del aporte estatal (en otros países se destina a la jubilación una parte del IVA), entre otras cosas.
López alertó que 2035 y 2040 están muy cerca. “Si hoy tomamos algunas medidas, puede que se alargue nomás la agonía, y si llegamos hacer una reforma profunda, el sistema sería sostenible en el tiempo. Hay que tener en cuenta que el régimen vigente fue diseñado hace 70 años, y las condiciones económicas, sociales y demográficas hoy son diferentes”, argumentó.
Datos tenidos en cuenta
El estudio actuarial tomó en cuenta que para el 2100, la población de Paraguay pasaría de los actuales 6,8 millones a 14,4 millones, y que habría un crecimiento sostenido de la cantidad de empleados cubiertos, por lo que para entonces “la cantidad de aportantes –entre 15 y 69 años– pase de 546.681 a 1.768.889”.
El informe resalta que el IPS “mantiene una tasa relativamente alta, pues en los últimos 5 años ha aumentado, llegando a un valor de 11,5 activos por cada pasivo en el año 2014”.
Por otro lado, en lo referido al “superávit/déficit corriente”, que es “la diferencia entre los ingresos por contribuciones y los egresos por pagos de jubilaciones y pensiones, en el 2014 los aportes obrero-patronal alcanzaron G. 2,154 billones, mientras que los pagos por jubilaciones, G. 1,348 millones.