Cargando...
“A raíz de las múltiples irregularidades en el manejo administrativo (de la empresa)”, las cuales han sido “denunciadas por distintos gremios”, la Cámara de Senadores resolvió en su sesión ordinaria de ayer “instar al Poder Ejecutivo a la intervención de Aceros del Paraguay SA”.
Así señala una breve declaración que fue apoyada casi por unanimidad por los miembros del Senado tras la presentación hecha por Ramón Gómez Verlangieri, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, quien en la ocasión detalló ante sus colegas una serie de hechos, principalmente relacionados a los malos resultados industriales y comerciales de estos años.
Hace una semana, el legislador había recibido una denuncia de la Cooperativa Cootrapar, que tiene derecho sobre el 33,33% de las acciones de la siderúrgica, acerca de una “dramática situación financiera en Acepar al 31 de diciembre de 2011”, atribuida principalmente a “fuertes indicios de graves hechos irregulares cometidos por los administradores” que responden al empresario ítalo-argentino Sergio Tasselli, cuyo grupo tiene el 66,66% de las acciones.
Según el balance de resultados del 2011 presentado recientemente por la propia empresa en una reunión previa a la asamblea de accionistas, Acepar tuvo el año pasado unas pérdidas superiores a los G. 36.152 millones (alrededor de US$ 8 millones), y se teme que en lo que va del presente año la situación vaya hacia una situación similar.
La diferencia entre los accionistas (grupo Tasselli y Cootrapar) no es nueva, pero se ha agravado desde el 2010, cuando 400 de los casi 1.100 trabajadores de la acería realizaron una huelga de diez meses, hecho al que los administradores atribuyen las cuantiosas pérdidas.
Situación legal
Acepar había iniciado en 1997 un proceso de privatización que debía culminar el 10 de noviembre de 2009, pero un día antes el Gobierno anunció que iba a demandar la rescisión del contrato de compraventa, congelando la recepción del pago de la última cuota, de más US$ 5 millones. Sin embargo, la demanda fue paralizada por la propia Procuraduría, sin haberse reanudado hasta hoy.