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El proyecto de presupuesto del Gobierno argentino contempla para el próximo año el “pago” de unos 19.000 millones de pesos (unos US$ 1.200 millones) a las distribuidoras eléctricas por la energía generada en las empresas Nucleoeléctrica Argentina SA y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
De este modo, el Estado argentino se hace cargo de las obligaciones generadas en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por aplicación de la Resolución N° 406 del 8 de setiembre de 2003 de la Secretaría de Energía, correspondientes a las acreencias de la EBY.
Esto significa que el Gobierno argentino hace prevalecer una resolución interna a lo que estipula el Tratado de Yacyretá, puesto que no existe correspondencia entre los montos de energía facturada y lo que se abona por su comercialización en el mercado eléctrico mayorista de ese país.
Este procedimiento fue aplicado por autoridades argentinas con el propósito de dar solución a un problema interno generado por el desfinanciamiento progresivo de su Fondo de Estabilización Energético y la política de subsidios que implementó el gobierno kirchnerista.
El Consejo ya lo sabía
En su momento, desde el Consejo de Administración de Yacyretá, el lado paraguayo, se advirtió que la resolución era ilegal. Sin embargo, pese a ello siguieron aplicando, hecho que demuestra actitud del Gobierno argentino de administrar discrecionalmente y en forma arbitraria la EBY, ignorando su carácter binacional.
La Resolución Nº 406/03 indica que los pagos se ejecutarán de acuerdo con esta normativa y establece descuentos o retenciones que no están contemplados en el tratado binacional.
Los pagos por la energía son transformados en Notas de Crédito a favor de la EBY, que luego se imputan a la cancelación parcial de la deuda de Yacyretá con el Gobierno argentino y otros organismos acreedores.
La disposición fue calificada como “unilateral, arbitraria, ilegal e injusta”, pues se contrapone a todo lo dispuesto en el tratado.
Según los datos brindados por el Ing. Orlando Valdés, cada año la EBY factura a Ebisa de Argentina en torno a los US$ 800 millones, de los cuales solo pagan US$ 30 millones. El resto lo incorporan a la entidad como un aporte de la Secretaría de Hacienda de la Argentina, con un valor de tarifa diferente, en concepto de reintegro por venta, lo cual se realiza de manera unilateral y fuera de lo establecido en el tratado, advierte Valdés.