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El titular de los industriales, Eduardo Felippo, reclamó “coherencia” al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que mientras el presidente de la República, Horacio Cartes, y el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, salen al mundo “a hacer propaganda” acerca de los “bajos impuestos” y “facilidades en los trámites” como los instrumentos de captación de inversiones, internamente el Ministerio de Hacienda “hace todo al revés”.
En ese sentido, comentó una reciente publicación del diario brasileño Gazeta do povo, bajo el título cuya traducción decía “Paraguay reinventa su economía y va de ‘primo pobre’ a estrella de América Latina”. El periódico destaca, entre otras cosas, el crecimiento económico de nuestro país y que “recibió elogios” hasta del FMI. “En su último relatorio sobre el país, el Fondo destacó la política fiscal de Paraguay como un importante elemento de apoyo a la actividad económica del país”, destaca el diario.
Añade que con crecimiento, baja inflación y finanzas públicas sólidas, el Paraguay consiguió crear un ambiente favorable a la atracción de inversiones extranjera, en el que rigen reglas estables, beneficios fiscales, baja carga tributaria (cerca de 10% del PIB contra 33,4% del PIB en Brasil) y costos bastante competitivos, sobre todo con energía y mano de obra.
En relación al IRP y lo que el sector privado considera un “violento cambio en las reglas del juego”, Felippo adelantó que los contribuyentes afectados ya se están preparando para contratar abogados con el propósito de presentar acciones de inconstitucionalidad contra la nueva reglamentación.
Dejar sin efecto
Por su parte, el asesor jurídico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), abogado Miguel Aranda, afirmó que el decreto debe ser dejado sin efecto y que las autoridades tributarias y el sector privado se sienten a hablar de cómo cobrar impuestos a quienes no están pagando, de cómo mejorar la calidad del gasto y que ello se refleje en contraprestaciones de servicios en salud, educación, seguridad, infraestructuras, etc.
“No podemos seguir permitiendo triples aguinaldos o funcionarios con salarios de oro, en los que se malgasta y pervierte el dinero, fruto de nuestros esfuerzos, a través de los impuestos que aportamos”, aseveró Aranda.
Agregó que la Cámara de Anunciantes está “en total desacuerdo” con el nuevo decreto reglamentario que se puso en vigencia, que, aparte de ser por inoportuno e inconsulto, es de “muy dudosa constitucionalidad”.
Añadió que la medida rompe las reglas de juego pactadas, dándoles un carácter y sentido recaudatorio. “Nos vendieron (la idea de contar con un impuesto a la renta personal) para formalizar la economía; sin embargo, ese propósito original ha sido roto”, lamentó el abogado.