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Es menos de la mitad de la deuda, de US$ 153 millones, pero servirá para mantener activas las provisiones, y ahora se está esperando, a más tardar para el lunes, atendiendo a la promesa ministerial, que Hacienda emita una nota o un documento que ayude a “blindar” esos fondos, es decir que asegure que esos US$ 70 millones deben ser destinados solo al pago de los compromisos atrasados con las empresas proveedoras de Salud Pública.
Preguntado sobre la eventual participación del Banco Nacional de Fomento (BNF) en el tema, García dijo que esa posibilidad fue conversada entre todos y que todo depende ahora de la respuesta final que dé la entidad bancaria. Aclaró que si se da la operación, será sobre las facturas vencidas y se mantendrá dentro de los límites de los US$ 70 millones.
Añadió que en la operación los proveedores van a pagar intereses. El BNF les planteó un 7% anual sobre saldo, lo que a ellos ya les parece alto, por lo que pidieron reconsiderar esa cifra para que sea viable para el sector farmacéutico. “Si se cierra el trato, sería un alivio para nosotros”, dijo García.
Según el titular de Cifarma, en los contratos figura la posibilidad de aplicar intereses por retrasos en los pagos, pero que las empresas prácticamente no recurren a eso y siguen tratando de cobrar el monto original, aunque no descarta que ahora se accione ese punto.
Retraso asumido
El retraso en el pago a proveedores del Estado es algo asumido por las empresas y por eso elevan ya sus precios al hacer las ofertas, sostuvo el jueves el director de Contrataciones Públicas, Santiago Jure, a propósito de este tema.
“El proveedor tiene facultades. Si la gente se te está retrasando por 60, 90 o 180 días, vos pedís la suspensión del contrato. Hay muy pocos casos donde se pide la suspensión del contrato, porque finalmente la gente en su oferta evalúa el costo financiero del retraso”, alegó.