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Explicó que con esto se busca adecuar los gastos al ingreso que se estima recaudar y utilizar los créditos presupuestarios para reasignar al plan de reactivación económica que se está impulsando para contrarrestar la desaceleración económica que vive el país.
Se apunta a prohibir los nombramientos y las contrataciones de personal, la compra de vehículos, reducir gastos en equipamientos y papelerías, entre otros.
De acuerdo con lo adelantado por las autoridades de Hacienda, los fondos serían destinados a cubrir los bonos productivos y alimentarios que forman parte del plan de reactivación.
El plan financiero establece los recursos disponibles para ser ejecutados por las diferentes entidades del Ejecutivo y a inicios del año representaba el equivalente a la ley de presupuesto, pero por la desaceleración económica entró en un proceso de revisión para el segundo semestre del año.
La medida, sin embargo, solo se aplica a instituciones públicas que componen el Poder Ejecutivo, ya que tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial tienen autonomía en el manejo de sus respectivos presupuestos.
El Presupuesto General de la Nación vigente asciende a más de G. 80 billones (US$ 13.500 millones), contempla precisamente un déficit de 1,5% del PIB, al tope de la ley de Responsabilidad Fiscal.