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De acuerdo al convenio firmado entre Petropar y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en noviembre último, esta institución percibirá el 4% de lo ejecutado de los US$ 7,6 millones, previstos para la inversión en la fábrica de alcohol de Petropar en la localidad de Mauricio José Troche. La petrolera entregó al PNUD la responsabilidad de realizar los contratos y hasta hoy ha adjudicado cuatro licitaciones, por valor de US$ 3,3 millones.
Pablo Seitz, director de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), señaló ayer a ABC Cardinal que por ese mismo servicio Contrataciones retiene el 0,4% como único ingreso para el mantenimiento de la institución y del sistema.
En el caso Petropar, si tomamos el monto total del convenio de US$ 7,6 millones, el PNUD se embolsará US$ 304.000 (alrededor de G. 1.900 millones al cambio actual).
Seitz informó, además, que solicitó a Petropar los antecedentes legales en los que se basó para eludir la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. “De no existir justificación legal, entonces nosotros emitimos una resolución, dejando en claro que esa licitación o ese procedimiento de contratación no puede ser implementado”, señaló.
Violaron intereses de la industria, dice gremio
El “puente” a la ley de Contrataciones Públicas es cuestionado por el empresariado e incluso, el pasado 11 de enero el Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME) envió una nota a la DNCP para solicitar su intervención en el caso de las licitaciones del PNUD. Pero ya en diciembre del año pasado, el gremio había remitido una primera nota a la titular de Petropar, Patricia Samudio, cuestionando las “acciones violatorias de los intereses de la industria”, en el caso de las licitaciones aceleradas convocadas a través del PNUD.
Los metalúrgicos reclaman el “bypass” (puenteo) al sistema a la DNCP creada por Ley 2051/03 para fiscalizar las compras públicas. Entre otras cosas, expresan “su disconformidad” con el tiempo establecido entre el llamado y la entrega de ofertas, pues “solo las empresas que tuvieron acceso antes de la convocatoria pueden presentar ofertas solventes, con lo cual el argumento de la transparencia queda vacío y sin valor”.
Los metalúrgicos preguntan en la misiva los parámetros que tuvieron el PNUD y Petropar para cursar la invitación a las empresas. ¿Existe una lista de proveedoras que hayan sido sancionadas por Petropar por incumplimientos, mala calidad de los trabajos?, se pregunta el gremio.
El CIME reclama la tardanza de la convocatoria teniendo en cuenta que ya en agosto asumieron las nuevas autoridades. “Solo cambiaron al presidente y a algunos gerentes. El resto de la estructura de Petropar sigue igual. Sabe cuándo comienza la zafra, cuándo hay que hacer el pedido, las compras, pero la vieja técnica es dilatar”, expresó ayer a nuestro diario el ingeniero Carlos Oses, presidente del CIME.
Agregó que remitieron otra nota al Ministerio de Industria y Comercio, a través de la cual quieren llegar hasta el Presidente Mario Abdo Benítez, quien prometió apoyar la industria local.
Todos los entes lo utilizan
Alrededor de 45 licitaciones para compras de bienes y servicios convocó el PNUD bajo el Gobierno actual. Todas las convocatorias se hicieron a través de la web del organismo internacional y, por ende, fuera de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas. Entre los entes públicos que recurrieron a este sistema están Petropar, los ministerios del Ambiente, Hacienda, Educación y Desarrollo Social, y hasta la Corte. La actividad le permite al PNUD embolsarse entre el 4% y el 7% del monto de los convenios.