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Los campesinos se reinstalaron solo días después del procedimiento que realizó el entonces fiscal Jalil Rachid. El dueño del inmueble había arrendado unas 300 hectáreas al brasileño Almatir Wuieggers, que finalmente se vio obligado abandonar ante la amenaza de los sintierras de quemar casas y tractores.
Según Vela Vaezquen, debido a los sucesivos relevos en el Ministerio Público no se pudo desalojar a los presuntos sintierras, que se instalaron en el lugar, distante unos 60 kilómetros al sur de este distrito.
“Primero fue el fiscal Jalil (Rachid) que ejecutó la orden de desalojo, pero tras la reinvasión, los fiscales Mieres (Alfredo) y Zarza (José) no hicieron absolutamente nada para desalojar a los invasores que tanto daño ya me han causado”, se quejó. Responsabilizó de los daños a los dirigentes Ramón Benítez, Juan Carlos Peralta, César Duarte y Pedro Martínez, entre otros. No fue posible contactar con los referidos líderes, ante la imposibilidad de localizarlos.
En el Ministerio Público local se “cajonearon” más de una decena de denuncias por los delitos de invasión del inmueble.