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Se trata del primer emblema que acciona contra el decreto y peticiona, como medida de urgencia, suspender los efectos de la normativa que empezó a regir desde el 1 de este mes, porque sus efectos “producirán un daño de tal magnitud que resultaría irreparable e irreversible”.
El escrito, presentado por el estudio jurídico Gross Brown en representación de Petrobras, sostiene además que la normativa genera una situación de competencia desigual, quebrando abiertamente la igualdad de condiciones que, desde hacía varios años, imperaba en el mercado nacional.
Agrega que ambos decretos atacados, el N° 2999/15, “por el cual se fija el precio de venta al público de la nafta de hasta 85 octanos y del gasoil/diésel tipo III (común), y que establece restricciones a la importación de la nafta virgen y a la nafta de hasta 85 octanos, y del gasoil/diésel de más de 50ppm de azufre”, y el N° 3324/15, “por el cual se modifica y amplía el Decreto N° 2999 del 27 de enero de 2015”, violan derechos protegidos constitucionalmente, tales como el artículo 47, de igualdad ante la ley; el artículo 107, de la libertad de concurrencia; el artículo 137, de la supremacía de la Constitución Nacional, y el artículo 202, numeral 12, de los deberes y atribuciones del Congreso, entre otras consideraciones legales.
Contra el interés de la gente
La presentación señala también que el decreto atacado permite a Petropar y al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) dictar precios de acuerdo a su interés, para generar utilidades que le concedan a Petropar su recuperación patrimonial, pero a costa de los consumidores, de los emblemas y de las estaciones de servicios.
“Esta forma solapada de hacerse del dinero público mediante precios ‘regulados’ y la generación de prerrogativas indebidas configura una ilegítima forma de ‘gravar’ con una contribución obligatoria, sin el cumplimiento de la exigencia de los artículos 44, 179 y 181 de la Constitución Nacional”, agrega.
Enfatiza que la cláusula octava de este contrato, por ejemplo, fija el precio de la nafta “económica” de 85 de Petropar en G. 3.695 por litro, cuando Petrobras hoy obtiene esta nafta a un costo de aproximadamente G. 3.170 por litro, perjudicando los intereses de la gente, que no podrá recibir menores precios de los establecidos por la estatal. Añade que la situación causará millonarios perjuicios económicos a Petrobras y a los demás emblemas privados del rubro.
Añade que, a raíz de estos decretos, el Estado paraguayo, a través de Petropar y con el respaldo del MIC, adquirirá una posición absolutamente dominante en el mercado de estos combustibles, directa e indirectamente, gracias a esta normativa al poder ampliar a su favor a más del 50% su participación en la importación de las materias primas y productos finales mencionados en él, creando así, básicamente, un monopolio estatal sobre los hidrocarburos citados.
Agrega que el Decreto N° 2999 está siendo utilizado como instrumento de presión, por medio del MIC, que ya está forzando, incluso a los emblemas privados, a que firmen un contrato con Petropar para la provisión de los carburantes en cuestión.
Concluye diciendo que resulta indudable que esta facultad a favor de la estatal, de la mano del MIC, se puede prestar a serios abusos en contra de quienes no quieran alinearse a sus designios, pues correrían peligro de quedar sin licencias de importación.