Personal denunció ante el MIC práctica anticompetitiva de Tigo

Por violación de la Ley 1338/98 ejecutivos de la operadora telefónica Personal denunciaron a Tigo ante la Oficina de Defensa del Consumidor, de Industria y Comercio. Guarda relación con el pedido de exclusividad de la mayor operadora del país a comercios en transferencias de dinero.

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En el Art. 6 establece como derechos básicos del consumidor “la libre elección del bien que se va a adquirir o del servicio que va a contratar”.

Según las pruebas arrimadas al MIC, los representantes de Tigo y Mobile Cash Paraguay, subsidiarias de Millicom International Cellullar, prohíben a los comercios ofrecer a sus clientes el producto “Envíos Personal”, bajo la amenaza de retirarles la autorización para la comercialización de Giros Tigo.

La denuncia de la segunda operadora telefónica del país se basa en el material emitido en el programa Mediterráneo (TV Pública), el lunes 17 de diciembre de 2012.
La investigación con cámaras ocultas demostró que los representantes de Tigo exigen a aquellos comercios exclusividad en el servicio de transferencia de dinero.

Los directivos entregaron al director de Defensa al Consumidor una copia de ese material de investigación. En el video se muestra a los propietarios o administradores de los comercios decir claramente la política de Tigo de bloquear cualquier competencia por parte de empresas que provean servicios similares.

La nota de la denuncia explica que “la conducta fue detectada por la compañía afectada, no solamente en la ciudad de Concepción, donde fue realizada la investigación difundida por la TV Pública, sino también en todo el resto del territorio nacional”.

El hecho en sí supone un “abuso de posición dominante” por parte de la empresa Tigo, ya que no sería posible forzar una situación como esta si la empresa no tuviera un poder de mercado tal que le permita imponer la exclusividad en la venta de sus servicios, a expensas de los de la competencia.

Es legítima, dice Tigo

En Tigo, Miguel Almada, al ser consultado en relación a la denuncia y las pruebas arrimadas a la cartera de Industria, como los videos difundidos por la TV Pública, aseguró que “no tenemos todavía opinión formada sobre el particular”. Pero aseguró que la práctica comercial de la telefónica es “legítima” y está amparada “en la regulación vigente”.

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