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De momento quedaron paralizadas las negociaciones con Rio Tinto Alcan (RTA), en espera de la conclusión del trabajo de CRU Stratergies, sobre la tarifa eléctrica y de otros seis grupos de trabajos temáticos, conformados hace poco, para analizar otros aspectos tales como económicos, legales, ambientales, entre otros. Anuncian para mediados de agosto entrega de informes.Las negociaciones entre el Gobierno y los representantes de la multinacional Rio Tinto Alcan están paralizadas de momento, según Diego Zavala, coordinador del Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), conformado para encaminar el plan.
De igual forma, explicó, seis grupos temáticos están analizando diferentes cuestiones que atañen al régimen de inversión, al tema fiscal, acuerdo y desarrollo, socioambiental, logística y energía. Añadió que los grupos concluirán sus trabajos para mediados del mes de agosto.
Cada grupo de trabajo tiene marcada una serie de reuniones todo el mes de junio. Por ejemplo, el que analiza la garantía de inversión se reunirá el día 22 del presente mes, mientras que el encuentro del grupo encargado del acuerdo y desarrollo está marcado para el día siguiente, el 23 de junio.
De continuar sin inconvenientes el cronograma de trabajo establecido entre el Gobierno y los representantes de la multinacional, para fines de este año se estaría firmando el acuerdo.
Antecedentes
Rio Tinto había propuesto al Gobierno, a fines de 2009, una inversión de US$ 2.500 millones en la instalación de una planta fundidora de aluminio. Se enfriaron las negociaciones y la firma extranjera volvió a fines del año pasado con nueva propuesta de inversión. Había aumentado a US$ 3.500 millones. Hace unos meses, tras la conformación de un equipo de trabajo, la empresa aumentó otros US$ 500 millones, con lo cual la oferta de inversión trepa a US$ 4.000 millones.
La instalación de la fábrica en el país dará empleo directo a 800 personas, y de crearse un parque industrial en su área de influencia, a un total de 14.000, habían indicado los representantes de RTA.
Es preciso señalar que el Ejecutivo emitió el Decreto 5938 en enero pasado, que formaba el Equipo Técnico Interinstitucional (ETI) integrado por el Ministerio de Industria y Comercio, Obras Públicas, Secretaría del Ambiente, Cancillería, BCP y la ANDE para llevar adelante las negociaciones con RTA.
En febrero, el equipo en referencia, tras realizar una silenciosa convocatoria, contrató a la consultora inglesa CRU Strategies para elaborar la tarifa eléctrica, por valor de US$ 470.000. El ETI había invitado solo a dos consultoras para presentar sus ofertas: la más cara fue la de CRU, pero igual fue contratada para el servicio.
La otra empresa extranjera que ofertó fue Wood Mackenzie, por la suma de US$ 438.000.
La millonaria erogación será cubierta con fondos de la central hidroeléctrica Itaipú, según nota del 3 de marzo pasado, remitida a la entidad por la cartera de Relaciones Exteriores.
De igual forma, explicó, seis grupos temáticos están analizando diferentes cuestiones que atañen al régimen de inversión, al tema fiscal, acuerdo y desarrollo, socioambiental, logística y energía. Añadió que los grupos concluirán sus trabajos para mediados del mes de agosto.
Cada grupo de trabajo tiene marcada una serie de reuniones todo el mes de junio. Por ejemplo, el que analiza la garantía de inversión se reunirá el día 22 del presente mes, mientras que el encuentro del grupo encargado del acuerdo y desarrollo está marcado para el día siguiente, el 23 de junio.
De continuar sin inconvenientes el cronograma de trabajo establecido entre el Gobierno y los representantes de la multinacional, para fines de este año se estaría firmando el acuerdo.
Antecedentes
Rio Tinto había propuesto al Gobierno, a fines de 2009, una inversión de US$ 2.500 millones en la instalación de una planta fundidora de aluminio. Se enfriaron las negociaciones y la firma extranjera volvió a fines del año pasado con nueva propuesta de inversión. Había aumentado a US$ 3.500 millones. Hace unos meses, tras la conformación de un equipo de trabajo, la empresa aumentó otros US$ 500 millones, con lo cual la oferta de inversión trepa a US$ 4.000 millones.
La instalación de la fábrica en el país dará empleo directo a 800 personas, y de crearse un parque industrial en su área de influencia, a un total de 14.000, habían indicado los representantes de RTA.
Es preciso señalar que el Ejecutivo emitió el Decreto 5938 en enero pasado, que formaba el Equipo Técnico Interinstitucional (ETI) integrado por el Ministerio de Industria y Comercio, Obras Públicas, Secretaría del Ambiente, Cancillería, BCP y la ANDE para llevar adelante las negociaciones con RTA.
En febrero, el equipo en referencia, tras realizar una silenciosa convocatoria, contrató a la consultora inglesa CRU Strategies para elaborar la tarifa eléctrica, por valor de US$ 470.000. El ETI había invitado solo a dos consultoras para presentar sus ofertas: la más cara fue la de CRU, pero igual fue contratada para el servicio.
La otra empresa extranjera que ofertó fue Wood Mackenzie, por la suma de US$ 438.000.
La millonaria erogación será cubierta con fondos de la central hidroeléctrica Itaipú, según nota del 3 de marzo pasado, remitida a la entidad por la cartera de Relaciones Exteriores.