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Entre las conclusiones del dictamen emitido por el MICI se destaca que su directora considera “elegible” la solicitud de los frentistas, que habían pedido investigar una serie de irregularidades relacionadas al metrobús.
Esto no significa que se suspenderá la ejecución del proyecto ni se cancelarán los desembolsos, según el documento, pero sí continuará la investigación con la transferencia del caso a la fase de consulta. Es decir, se designará un mediador entre los denunciantes y el organismo ejecutor del proyecto metrobús, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El abogado Guillermo González, representante de un grupo de frentistas, dijo ayer que consideran un triunfo la determinación de “elegibilidad” por parte del MICI al pedido de sus representados.
“Significa que para ellos (el BID) nuestras denuncias son legítimas”, afirmó. Mencionó también que en el mismo dictamen se hace constar que el Ministerio de Obras Públicas no cumplió con varias exigencias respecto a los estudios socioambientales que debían realizarse en etapas previas a la ejecución de las obras civiles, que están ya casi en marcha a cargo de la contratista Mota Engil. Su contrato con el Ministerio es por 52 millones de dólares.
Para obtener la versión del Ministerio de Obras Públicas sobre este tema ayer intentamos comunicarnos con José Tomás Rivarola, coordinador del proyecto metrobús, y con Santiago De Filippis, gerente del programa de Reconversión Urbana. Ninguno atendió el teléfono.
La denuncia
El 17 de mayo de este año un grupo de 11 comerciantes, formales e informales, presentó la solicitud de investigación al MICI, acompañada por nueve videos testimoniales. Los representantes recolectaron información relacionada a la denuncia durante los tres días que estuvieron en el país.