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La Procuraduría General de la República se niega a proporcionar copia del documento firmado hace unos diez días con el exsenador colorado Marciano Torales y el guatemalteco Freddie Pérez Tapia, representantes de la empresa panameña Clean Energies Worldwide Corporation, para la reactivación de la azucarera Iturbe (Departamento del Guairá) y el retorno al Estado del subsidio de G. 15.000 millones otorgado en 2013.
En varias ocasiones solicitamos al procurador Sergio Coscia y recién después de mucha insistencia los funcionarios del área de comunicaciones de la institución explicaron que “estaba saliendo de viaje y que la semana próxima nos concedería una entrevista para responder las preguntas”. No obstante mencionaron que “sería imposible facilitar copia del documento porque se incluyó una cláusula de confidencialidad”.
Nuestro interés es conocer los detalles del acuerdo para la devolución del dinero al Estado y la responsabilidad que asume el Gobierno para garantizar la reactivación del ingenio azucarero, cuyo caso inclusive fue judicializado por sus acreedores.
También nos interesa conocer los incentivos y beneficios comprometidos por el Gobierno en el marco la Ley 60/90 para las inversiones extranjeras, teniendo en cuenta que la quebrada empresa dejó millonarias deudas a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por consumo de energía eléctrica y a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en concepto de impuestos.
La empresa CEW fue creada en 2010 en uno de los paraísos fiscales, Panamá, cuya fama cobró notoriedad luego de la serie de publicaciones de los Panamá Papers, que desveló en 2016 un esquema de lavado de dinero de influyentes políticos, empresarios, estrellas de fútbol y de cine de todo el mundo.
En el registro de empresas Panadata.net encontramos que su agente es el estudio jurídico Sucre, Arias y Reyes, justamente una firma experta en aperturas de empresas offshores. No figura el capital social de CEW y dice que las acciones no tienen valor nominal.
Del guatemalteco Pérez Tapia constatamos que figuraba como representante de una firma denominada San Diego SA y actualmente integra la sociedad Telectro de El Salvador.
Clientes con pésimos antecedentes
En la página Panadata.net aparece el estudio jurídico Sucre, Arias y Reyes como agente de la empresa Clean Energies Worldwide Corporation (CEW).
Esta empresa de abogados explica en su web que “incorpora sociedades anónimas offshore de Panamá, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Bahamas, Belice y Anguila. Añade que estas cuatro jurisdicciones son reconocidas por estar entre las que ofrecen mayor flexibilidad y las que generan los menores costos de incorporación y mantenimiento”. Justamente este estudio jurídico creó centenares de empresas a Plutarco Cohen, Maritzenia Vega y Elba Fernández de García, cuyos nombres saltaron en el escándalo de los Papeles de Panamá (Panamá Papers). Publicaciones periodísticas, como por ejemplo de ABC.es, refieren que Fernández García vendió comida sobrevalorada al gobierno de Nicolás Maduro en 2016.
slopez@abc.com.py