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En noviembre de 2013 el Gobierno inició el operativo “Hendy” para combatir el ingreso ilegal de mercaderías al país. En ese entonces, la depreciación del peso argentino hacía que los productos de Clorinda, Argentina, sean el principal objetivo de grandes y pequeños comerciantes paraguayos para abastecerse.
Debido a la presión que surgió desde sectores industriales y empresariales en ese momento, el Gobierno dispuso que el operativo “Hendy” sea encabezado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que formó la UIC, integrada por diferentes instituciones estatales involucradas en el control de productos, como la Aduana, la policía contra delitos económicos, las fuerzas militares, etc.
En febrero de 2014, la fiscalía general formó la unidad especializada para atender casos de contrabando y se designó a tres agentes fiscales: Carmen Gubetich de Cattoni, Cristian Bernal y Emilio Fuster. Igualmente, por la acordada Nº 878 de la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 25 de febrero de 2014, el juez Humberto Otazú fue designado para ser el único magistrado competente para atender todas las causas de contrabando.
Desde que empezó el operativo “Hendy”, la UIC realizó 166 denuncias ante la fiscalía por casos de contrabando, según datos oficiales que maneja el MIC.
Dependencia de la Aduana
Sin embargo, muchas de estas denuncias no pudieron avanzar en la fiscalía porque la Aduana, en su sumario administrativo, decreta el sobreseimiento a los investigados, lo que hace que finalmente el Ministerio Público no tenga más jurisdicción para accionar.
No obstante, fuentes de la fiscalía confirmaron a ABC Color que se está trabajando en una nueva jurisprudencia para hacer que los casos de contrabando, por lo menos en lo que respecta a las denuncias fiscales, ya no tengan una dependencia en lo administrativo– de las resoluciones aduaneras.
14 detenidos
Tras el pedido unánime de directivos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y sectores empresariales de terminar con la impunidad para los contrabandistas, el pasado jueves, el juez Humberto Otazú decretó la prisión de 14 personas, que fueron detenidas en un operativo realizado en la zona de Puerto Medin, Lambaré, cuando fueron descubiertas por la Policía y la fiscalía introduciendo productos de contrabando desde Clorinda. La prisión para estas personas fue solicitada por la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni, quien tiene a su cargo la investigación de este caso.
Pedido de los gremios
Representantes de gremios industriales y empresariales exigieron a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y de la Fiscalía General que los contrabandistas vayan a la cárcel.
Mañana justamente los fiscales especializados anticontrabando deberán presentarle al fiscal general, Javier Díaz Verón, el avance de todas sus causas.