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Hay una interpretación básica y práctica, antes que jurídica, que se debe hacer de la ley de agroquímicos, sostuvo ayer el Ing. Agr. Alfredo Molinas, actualmente asesor técnico de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
En el contexto del seminario organizado por el MAG, Molinas se refirió al punto central del debate, el artículo 68 de la Ley 3742/09, que si se aplicara literalmente el país se llenaría de barreras vivas y eso, a su criterio, es imposible e inaplicable.
“El artículo 68 de la Ley 3742, para las aplicaciones terrestres, es claro, dice que para evitar derivas de agroquímicos se exige la creación de barreras vivas, siempre y cuando se den tres condiciones: una, que haya camino; dos, que el camino sea vecinal; y tres, que haya asentamiento humano”, aseveró.
Opinó que si no se dan todas esas condiciones no se debería requerir la creación de las barreras vivas.
También declaró que en vez de crear las barreras vivas se tiene la opción de dejar “una franja de seguridad” de 100 metros. Esta franja de seguridad sería del mismo rubro cultivado, pero con la diferencia de que no recibirán las aplicaciones de plaguicidas como el resto de la parcela.
Sin embargo, este punto de la franja de seguridad que la ley da como opción es lo que desde el punto de vista práctico es incontrolable, porque si se tienen más de 20.000 productores mecanizados que fumigan casi al mismo tiempo, incluso en horarios nocturnos, el control se vuelve materialmente imposible, porque el Senave solo tiene 500 funcionarios.
Por el Senave expuso el Abog. Ulises Torres y el debate contó con la participación de Silvia González, del Ceidra, y otros referentes técnicos del luguismo.