Cargando...
El Ministerio de Salud Pública corre el riego de quedar desabastecido en el 100% de sus insumos y medicamentos a causa de una deuda atrasada de G. 41.000 millones con los laboratorios nacionales, que la anterior administración no ha honrado a tiempo, según fuentes del sector industrial.
La cartera de Salud, con el anterior ministro, Dr. Antonio Arbo, acumuló una deuda, solo en medicamentos, con laboratorios locales superior a los G. 41.000 millones (más de US$ 9 millones al cambio actual), de acuerdo a los datos extraoficiales. Esta deuda corresponde a medicamentos ya entregados en las diferentes licitaciones de esta cartera de Estado, a lo que hay que sumar lo adeudado también a los importadores de medicamentos.
Es de público conocimiento el caótico desabastecimiento que soportan actualmente los hospitales del país, y esto lo sufre la población cuando acude a los diferentes centros de salud, tanto del departamento Central como del resto del país.
Los laboratorios nacionales soportan la pesada deuda, pero aún continúan entregando medicamentos ya adjudicados en las diferentes licitaciones, de acuerdo a los datos.
Negociación
El flamante ministro, Antonio Barrios, llega a esta cartera de Estado no en las condiciones ideales, y quizás la tarea más dura será negociar con los industriales la forma en que se pueda saldar la morosidad del Ministerio, y así lograr que este atraso en los pagos no afecte la provisión de medicamentos, algunos imprescindibles para el funcionamiento de los hospitales.
Según fuentes del sector, los industriales también están con la pesada carga de cumplir con las obligaciones de sus proveedores (materia prima e insumos, que son importados) y cuyos plazos de pago en la mayoría de los casos también ya se han cumplido, por lo cual deben pagar intereses por mora.
En estas condiciones, el ministro Barrios debe intentar que los hospitales no queden más desabastecidos de lo que ya se encuentran, pero al mismo tiempo va a tener que negociar con los proveedores, para quienes ya resulta perjudiciales económicamente los atrasos en los pagos.
Suspensión
Los proveedores advierten que de no llegarse a un acuerdo, podrían suspender las entregas de los medicamentos e insumos hospitalarios, y el impacto en la salud de la población podría ser mayor.
Esta carga de la administración anterior, asumida por Barrios, es una de las grandes deudas del Estado en los diferentes procesos de licitaciones llevados a cabo durante el gobierno anterior.
Críticas a la gratuidad
Mientras esta amenaza se cierne sobre la salud pública, el flamante ministro de Salud, Dr. Antonio Barrios, asumió el viernes último oficialmente su cargo, en reemplazo del Dr. Antonio Arbo. El nuevo secretario de Estado llegó con críticas hacia la política de la gratuidad, y pidiendo mayor porcentaje de Producto Interno Bruto (PIB) para el sector salud.
Barrios manifestó durante su discurso que en Paraguay se requiere de una reingeniería de la inversión social y el incremento del porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado al financiamiento público del sector de la salud pública que, en realidad, afecta a los sectores más pobres.
En la ocasión presentó a la nueva viceministra de Salud, María Teresa Barán, quien reemplaza a Félix Ayala. El ministro se dirigió a los funcionarios del Ministerio y les pidió en la ocasión que “se pongan la camiseta” para seguir trabajando los planes ya instalados.
Barrios es médico especialista en pediatría y neonatología. Ejerció cargos en hospitales públicos y privados, además de haber sido consejero en el Instituto de Previsión Social (IPS). Es médico de cabecera del presidente Horacio Cartes.
Remedios más baratos
Cabe recordar que los laboratorios nacionales, nucleados en la Cámara de Industrias Farmacéuticas (Cifarma), intentaron entre el 2010 y 2011 llevar adelante, en forma conjunta con el Ministerio, a cargo entonces de la ministra Esperanza Martínez, un plan de medicamentos más baratos destinados a la población de menores recursos. A pesar de haberse firmado el acuerdo correspondiente, y la fabricación de medicamentos por un valor cercano a los US$ 5.000.000, el proyecto tuvo un rotundo fracaso atribuible a la ineptitud de la mencionada secretaria de Estado, que alegó no tener “la fuerza necesaria” para obligar a los médicos del Ministerio a recetar estos medicamentos, que se echaron a perder.