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Las decenas de leyes, incluida la de Deforestación Cero, en vez de servir como herramientas de protección, se convirtieron en armas de extorsión en un ambiente de apetencia desmedida y corrupción generalizada. Unas 31.000 hectáreas por año estarían siendo destruidas en forma absolutamente ilegal.Desde la Ley de Deforestación Cero, sancionada en el 2004, se prohíben en la Región Oriental las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosques. Sin embargo, el desmonte resulta imparable y está a la vista del Servicio Forestal Nacional (SFN), la Secretaría del Ambiente (Seam) y las unidades ambientales del Ministerio Público, que son los entes responsables.
Los antecedentes
Según datos manejados por las ONG, en el 2002 había un remanente de 542.000 hectáreas de bosques en Canindeyú. En el 2005 bajó a 448.000 hectáreas, lo que representa una destrucción en promedio de 31.000 hectáreas de bosques en el departamento, incluyendo los dos últimos años (2005 y 2006) en que supuestamente la deforestación ya no debería producirse, al menos en ese nivel.
En muchos lugares del país la ley tuvo un efecto positivo, logrando controlar en un buen porcentaje los desmontes. Sin embargo, en todo el departamento de Canindeyú el resultado fue totalmente ineficiente.
Los funcionarios regionales del SFN, la Seam y otros entes de control hacen un gran esfuerzo, pero no cuentan con las herramientas adecuadas, como las imágenes satelitales para detectar de forma oportuna los desmontes. De esa forma argumentan la imposibilidad de combatir el delito.
Los responsables de la deforestación masiva en Canindeyú, en primer lugar, son los empresarios agrícolas. Los dedicados al cultivo masivo de soja son los más voraces a la hora de hacer desaparecer la cobertura boscosa. No existe contemplación para mantener el 25% de la superficie de su propiedad como reserva.
En segundo lugar están los ganaderos y finalmente los industriales forestales. Estos últimos ya consumieron prácticamente el 100 por ciento de las maderas nobles que abundaban en la región. Actualmente están incursionando incluso en las reservas de la Itaipú, Campo Morombi y del Mbaracayú para extraer la materia prima para los aserraderos.
Interpretación formal
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) la propiedad del brasileño Ulises Rodrigues Teixeira, calificada como un sistema complejo por los bosques primitivos y degradados, ocupa el primer lugar en extensión afectada por la grosera deforestación en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú.
A decir de la Ley 3663/04, estos bosques están protegidos ya que "el bosque es un ecosistema vivo, nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por selección natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie mínima de dos hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, espacios o portes variados, con uno o más doseles que cubren más del 50% de esa superficie y donde existe más del 60% de árboles a la hectárea, de 1.50 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)".
Utilidad razonable
En total se cuenta entonces con aproximadamente 15.600 hectáreas altamente representativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), que geográficamente se encuentra en el corredor biológico que une otras áreas protegidas privadas de la zona.
Debido a su extensión y su condición de bosque continuo, estas áreas boscosas son de gran importancia como núcleo de conservación. Con la vigencia de la norma se pretende la restauración de los paisajes, a más del beneficio para las comunidades que viven en la zona. Los bosques no solo proveen productos maderables, también proporcionan servicios ambientales de altísimo valor, como la protección de los cauces hídricos y la protección contra la degradación del suelo.
Asimismo, proveen productos no maderables como plantas medicinales y ornamentales, frutos comestibles, y regulan los regímenes de lluvias y por ende el microclima de la región. Se encuentran sobre suelos arenosos, los cuales tienen un alto riesgo de perder sus nutrientes, por ende su fertilidad, capacidad de producción y capacidad de uso han sido clasificadas de aptitud forestal ya que son muy susceptibles a la erosión hídrica.
Los casos más graves
Entre los casos de destrucción de áreas boscosas más graves de Canindeyú figuran: la destrucción de más de 1.000 hectáreas en la propiedad del brasileño Ulises Rodrigues Teixeira, que abarca además los departamentos de San Pedro y Amambay. En un expediente el extranjero logró una suspensión condicional de prueba mediante la entrega de una camioneta 0 km al Ministerio Público, a más de una "donación" de G. 200 millones. Más de la mitad del monto comprometido fue destinado a una fundación vinculada a una congregación evangélica con el mismo "infractor". Del millonario monto apenas G. 50 millones fueron otorgados a bomberos de Curuguaty.
El proceso penal por delito ecológico quedó definitivamente finiquitado.
La lista continúa con el desmonte de 430 hectáreas dentro de la propiedad de 2.572 hectáreas del empresario árabe Adnan Hijazzi, en la colonia Santo Domingo, distrito de Corpus Christi. Hay dos intervenciones realizadas por los fiscales ambientales Nimia Avalos y Miguel Angel Rojas. El proceso quedó paralizado por razones desconocidas.
Otras 700 hectáreas de bosques fueron destruidas a manos de los hermanos brasileños Luis, alías "Luisaô", y Paulo Ferreira de Souza, este último ex intendente de la localidad de Sete Quedas, frontera con la localidad de Pindoty Porâ, del distrito de Corpus Christi.
Los dos extranjeros poseen varios inmuebles con vastas áreas boscosas arrendadas para expandir cultivos de soja en los distritos de Ypehû y Villa Ygatimí.
Reservas más amenazadas
Entre los bosques que se encuentran en "plan" de invasión con fines de destrucción figura la Reserva de la Biosfera del Mbaracayú, declarada como tal por la Unesco y administrada por la Fundación Moisés Bertoni. El área boscosa de 64.406 hectáreas se encuentra en la localidad de Villa Ygatimí, a 375 kilómetros de Asunción. Está protegida a perpetuidad mediante un convenio internacional y por Ley 112/91. Vastas áreas ya fueron destruidas por plantadores furtivos de marihuana.
En similar situación se encuentra la reserva natural privada "Campos Morombi", de unas 34.500 hectáreas. Está declarada como área silvestre protegida por Decreto 14910/2001 del Poder Ejecutivo. Desde hace más de dos años la reserva está constantemente atacada por los autodenominados "sintierras" para ocupación y destrucción. La propiedad abarca los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.
Otra de las reservas naturales amenazada es la conocida como finca 470, de aproximadamente 4.500 hectáreas, adquiridas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en compensación a daños causados por la pavimentación de la Ruta X Las Residentas. Cinco años atrás el área boscosa fue groseramente destruida por madereros provenientes de Caaguazú y Alto Paraná. Luego, el MOPC entregó a la Secretaría del Ambiente (Seam) para su preservación y, mediante un acuerdo suscripto entre ambas instituciones públicas, se destinó para el asentamiento de familias indígenas de la etnia aché, primitivos ocupantes de la propiedad distante a unos 60 kilómetros de Curuguaty.
1 En Canindeyú, dpto. con una dimensión de 14.667 km2, sobran apenas unas 448.000 hectáreas de bosques (4.480 km2), incluidas las reservas protegidas por ley, que suman más de 120.000 hectáreas. El desmonte es imparable.
2 La más importante es la Reserva de la Biosfera del Mbaracayú, con 64.406 hectáreas, protegida por la Unesco. Las otras dos en peligro son la de Itaipú y la Campo Morombi, que conforman el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
3 Además de la gran cantidad de leyes forestales y de protección del ambiente que fueron creadas desde 1973, año en que surgió el Servicio Forestal Nacional (SFN), desde el 2004 está vigente la Ley 2524, de Deforestación Cero.
Los antecedentes
Según datos manejados por las ONG, en el 2002 había un remanente de 542.000 hectáreas de bosques en Canindeyú. En el 2005 bajó a 448.000 hectáreas, lo que representa una destrucción en promedio de 31.000 hectáreas de bosques en el departamento, incluyendo los dos últimos años (2005 y 2006) en que supuestamente la deforestación ya no debería producirse, al menos en ese nivel.
En muchos lugares del país la ley tuvo un efecto positivo, logrando controlar en un buen porcentaje los desmontes. Sin embargo, en todo el departamento de Canindeyú el resultado fue totalmente ineficiente.
Los funcionarios regionales del SFN, la Seam y otros entes de control hacen un gran esfuerzo, pero no cuentan con las herramientas adecuadas, como las imágenes satelitales para detectar de forma oportuna los desmontes. De esa forma argumentan la imposibilidad de combatir el delito.
Los responsables de la deforestación masiva en Canindeyú, en primer lugar, son los empresarios agrícolas. Los dedicados al cultivo masivo de soja son los más voraces a la hora de hacer desaparecer la cobertura boscosa. No existe contemplación para mantener el 25% de la superficie de su propiedad como reserva.
En segundo lugar están los ganaderos y finalmente los industriales forestales. Estos últimos ya consumieron prácticamente el 100 por ciento de las maderas nobles que abundaban en la región. Actualmente están incursionando incluso en las reservas de la Itaipú, Campo Morombi y del Mbaracayú para extraer la materia prima para los aserraderos.
Interpretación formal
Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) la propiedad del brasileño Ulises Rodrigues Teixeira, calificada como un sistema complejo por los bosques primitivos y degradados, ocupa el primer lugar en extensión afectada por la grosera deforestación en los departamentos de San Pedro, Amambay y Canindeyú.
A decir de la Ley 3663/04, estos bosques están protegidos ya que "el bosque es un ecosistema vivo, nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por selección natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie mínima de dos hectáreas, caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, espacios o portes variados, con uno o más doseles que cubren más del 50% de esa superficie y donde existe más del 60% de árboles a la hectárea, de 1.50 cm de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP)".
Utilidad razonable
En total se cuenta entonces con aproximadamente 15.600 hectáreas altamente representativas del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAP), que geográficamente se encuentra en el corredor biológico que une otras áreas protegidas privadas de la zona.
Debido a su extensión y su condición de bosque continuo, estas áreas boscosas son de gran importancia como núcleo de conservación. Con la vigencia de la norma se pretende la restauración de los paisajes, a más del beneficio para las comunidades que viven en la zona. Los bosques no solo proveen productos maderables, también proporcionan servicios ambientales de altísimo valor, como la protección de los cauces hídricos y la protección contra la degradación del suelo.
Asimismo, proveen productos no maderables como plantas medicinales y ornamentales, frutos comestibles, y regulan los regímenes de lluvias y por ende el microclima de la región. Se encuentran sobre suelos arenosos, los cuales tienen un alto riesgo de perder sus nutrientes, por ende su fertilidad, capacidad de producción y capacidad de uso han sido clasificadas de aptitud forestal ya que son muy susceptibles a la erosión hídrica.
Los casos más graves
Entre los casos de destrucción de áreas boscosas más graves de Canindeyú figuran: la destrucción de más de 1.000 hectáreas en la propiedad del brasileño Ulises Rodrigues Teixeira, que abarca además los departamentos de San Pedro y Amambay. En un expediente el extranjero logró una suspensión condicional de prueba mediante la entrega de una camioneta 0 km al Ministerio Público, a más de una "donación" de G. 200 millones. Más de la mitad del monto comprometido fue destinado a una fundación vinculada a una congregación evangélica con el mismo "infractor". Del millonario monto apenas G. 50 millones fueron otorgados a bomberos de Curuguaty.
El proceso penal por delito ecológico quedó definitivamente finiquitado.
La lista continúa con el desmonte de 430 hectáreas dentro de la propiedad de 2.572 hectáreas del empresario árabe Adnan Hijazzi, en la colonia Santo Domingo, distrito de Corpus Christi. Hay dos intervenciones realizadas por los fiscales ambientales Nimia Avalos y Miguel Angel Rojas. El proceso quedó paralizado por razones desconocidas.
Otras 700 hectáreas de bosques fueron destruidas a manos de los hermanos brasileños Luis, alías "Luisaô", y Paulo Ferreira de Souza, este último ex intendente de la localidad de Sete Quedas, frontera con la localidad de Pindoty Porâ, del distrito de Corpus Christi.
Los dos extranjeros poseen varios inmuebles con vastas áreas boscosas arrendadas para expandir cultivos de soja en los distritos de Ypehû y Villa Ygatimí.
Reservas más amenazadas
Entre los bosques que se encuentran en "plan" de invasión con fines de destrucción figura la Reserva de la Biosfera del Mbaracayú, declarada como tal por la Unesco y administrada por la Fundación Moisés Bertoni. El área boscosa de 64.406 hectáreas se encuentra en la localidad de Villa Ygatimí, a 375 kilómetros de Asunción. Está protegida a perpetuidad mediante un convenio internacional y por Ley 112/91. Vastas áreas ya fueron destruidas por plantadores furtivos de marihuana.
En similar situación se encuentra la reserva natural privada "Campos Morombi", de unas 34.500 hectáreas. Está declarada como área silvestre protegida por Decreto 14910/2001 del Poder Ejecutivo. Desde hace más de dos años la reserva está constantemente atacada por los autodenominados "sintierras" para ocupación y destrucción. La propiedad abarca los departamentos de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú.
Otra de las reservas naturales amenazada es la conocida como finca 470, de aproximadamente 4.500 hectáreas, adquiridas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en compensación a daños causados por la pavimentación de la Ruta X Las Residentas. Cinco años atrás el área boscosa fue groseramente destruida por madereros provenientes de Caaguazú y Alto Paraná. Luego, el MOPC entregó a la Secretaría del Ambiente (Seam) para su preservación y, mediante un acuerdo suscripto entre ambas instituciones públicas, se destinó para el asentamiento de familias indígenas de la etnia aché, primitivos ocupantes de la propiedad distante a unos 60 kilómetros de Curuguaty.
1 En Canindeyú, dpto. con una dimensión de 14.667 km2, sobran apenas unas 448.000 hectáreas de bosques (4.480 km2), incluidas las reservas protegidas por ley, que suman más de 120.000 hectáreas. El desmonte es imparable.
2 La más importante es la Reserva de la Biosfera del Mbaracayú, con 64.406 hectáreas, protegida por la Unesco. Las otras dos en peligro son la de Itaipú y la Campo Morombi, que conforman el Bosque Atlántico del Alto Paraná.
3 Además de la gran cantidad de leyes forestales y de protección del ambiente que fueron creadas desde 1973, año en que surgió el Servicio Forestal Nacional (SFN), desde el 2004 está vigente la Ley 2524, de Deforestación Cero.