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La fraccionadora nacional Gastotal SA importó 1.296 garrafas de la firma tailandesa Metal Mate Co Ltd, la misma a la que Petropar estuvo a punto de pagar un sobreprecio de US$ 5 millones por la compra de envases. Este operativo deja en evidencia la corrupción imperante en la estatal, que en una de las primeras licitaciones en el rubro gas ya intentaron tragarse una cifra sideral.
Petropar estuvo a punto de desembolsar US$ 10 millones por la compra de 200.000 garrafas de 5, 10 y 45 kilos. Con los precios obtenidos en la licitación (ID 305065 adquisición de garrafas) los precios que iba a abonar por cada garrafa eran de US$ 46 (para la de 5 kilos), US$ 57 (13 kilos) y US$ 202 (45 kilos). Resulta hasta groseros los altos montos que estuvo a punto de pagar la petrolera estatal de no ser por haber trascendido a la opinión pública.
Comparando con los precios pagados por el sector privado, que por el envase de 13 kilos, ya puesto en su planta, abonaron solamente US$ 39 por garrafa, incluyendo ya todos los costos como ser, además del precio del producto, el flete, seguro e impuestos, se tiene que Petropar iba a adquirir un envase más pequeño incluso (de 10 kilos), pero iba a pagar mucho más: US$ 57 cada uno. Solo por cada uno de estos cilindros iba a sobrefacturar US$ 18 por envase.
Con relación a este negociado solo fue destituido el titular del ente, Rómulo Alfredo Campos Krauer, un funcionario protegido del ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, quien a pesar de conocer sobre este operativo de compra, nada hizo para frenarlo. Este caso fue abortado recién cuando saltó a la opinión pública.
Mismo equipo del negociado
Irónicamente, el mismo equipo del intento de robo en las garrafas y de otros procesos que sí llegaron a concretarse sigue firme en Petropar, con el guiño de Carlos Cañete, un emisario del presidente Cartes en el ente, quien defiende a la actual titular de la estatal, Catherine Vargas, quien fue la principal colaboradora del destituido presidente de la petrolera.
Ahora pretenden convencernos de las “bondades” de un acuerdo con Bolivia, impulsado por el mismo Mandatario, para la provisión exclusiva de gas durante 20 años, con un país políticamente inestable. El temor es que se aniquilen las inversiones privadas con la obligatoriedad de comprar de Petropar, tal como lo hicieron con el gasoil y naftas comunes, por el Decreto vigente N° 2999/2015.