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Casi cinco meses pasaron de la rescisión de contrato con la anterior arrendataria de Acepar y en todo este tiempo la planta ha estado en paro, lo que implica más perjuicio para las ya golpeadas empresas a las que la brasileña Vetorial dejó millonarios “clavos” (a carboneros, unos US$ 3 millones; a distribuidores de varillas, US$ 5 millones; a la ANDE, US$ 1,5 millones y hasta a la misma acería por alquiler impago, US$ 6,5 millones).
En este escenario, el administrador judicial de Acepar, Ing. José Luis Vinader, viene manejándose con gran hermetismo, pese a que desde la Procuraduría sostienen que la acería es del Estado y, por consiguiente, lo que suceda con ella es de interés público. En conversación con ABC, Vinader alegó que debido al acuerdo de confidencialidad firmado con una empresa que propone invertir US$ 109 millones, Henan Complant Mechanical & Electrical Equipment Group Co Ltd. (HCME), de China continental, no puede hablar sobre el avance de las negociaciones. Usando como excusa esa misma “confidencialidad”, tampoco quiso hablar de la firma Vemarcorp, cuya planta se encuentra en Villa Hayes y que había manifestado interés en Acepar, pues trabaja en un rubro afín.
La Coordinadora de Trabajadores de Acepar, compuesta por los sindicatos Sitraosider, Sitrasa y la asociación de funcionarios, viene operando para que se acepte la propuesta de HCME (pese a que a algunos referentes del sector le resulta poco creíble que quiera invertir más 100 millones de dólares en una antigua fábrica, en lío judicial por su titularidad). Pero, por otro lado, ayer uno de los voceros del Sindicato de Trabajadores de Acepar (Sitrapar), Ramón Verón, aseguró que están más avanzadas las negociaciones con Vemarcorp.
Nuestro diario se comunicó ayer con el procurador general de la República, Abog. Francisco Barriocanal, y este afirmó que tampoco tiene informaciones significativas, ya que de hecho, Acepar es autónoma.
Contó que la última gestión relacionada a la acería se registró la semana pasada, cuando Vinader le envió una nota pidiendo que la PGR apoye la gestión de visas para cuatro técnicos chinos que desean venir a inspeccionar la fábrica. “Le aclaramos que básicamente no es nuestro trabajo, pero que vamos a habilitar seguramente un canal de contacto con la Cancillería, que es la institución competente para ese tipo de gestiones”, dijo.
Preguntado si cómo quedó el análisis preliminar que la Procuraduría se comprometió a llevar adelante, para determinar si la oferta de HCME era factible, respondió que se le señaló a la administración judicial que falta una garantía de la inversión, que no contemplaba la propuesta inicial de la firma china. “También le hicimos notar que ellos exigían que la formalización del acuerdo cuente con el apoyo del gobierno americano y eso ni siquiera era posible atender”, dijo, añadiendo que hasta ahí llegó la intervención de la PGR.
Una de las proveedoras de carbón de Acepar, Loable SA, indicó, por su parte, que el sector considera urgente reactivar la planta. Nicolás Peña, titular de la compañía, lamentó que desde hace semanas en la acería les vienen prometiendo que acordarán un nuevo arrendamiento “la próxima semana”, pero eso no se ha concretado pese al tiempo transcurrido.