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“Los contratos de participación público-privada podrán comprender proyectos de infraestructura y gestión de servicios, incluyendo proyectos viales, ferroviarios, portuarios...”, se lee en el artículo 3° de la Ley 5102/14, de “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliamiento y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como ley de APP.
Así también, en su artículo 7°, establece que “el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) será la entidad pública competente para el desarrollo, selección y adjudicación y ejecución de los proyectos”. “En caso de existir entes descentralizados, el MOPC asumirá las atribuciones necesarias para la celebración del contrato y su ejecución, sustituyendo a dichos entes en el ejercicio de dichas competencias”, añade.
Pero esta ley fue simplemente obviada por la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), que, si bien es una institución autárquica, estructuralmente está ligada al MOPC. El argumento esgrimido por autoridades del ente fue que la APP rige para proyectos de US$ 5 millones como mínimo y que la envergadura de las inversiones en puerto de Concepción era menor, ya que fue establecida en US$ 3 millones en las bases y condiciones.
Sin embargo, finalmente, la empresa adjudicada en un proceso sumamente cuestionado, Baden SA, se comprometió a invertir US$ 11 millones en el plazo de los 20 años que durará la cesión.
Prórroga
Pero no solo la adjudicación a dicha compañía, ligada a los socios comerciales del padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, se basó en apenas un decreto (N° 12.297) y en resoluciones (068/2014 y 169/2014), sino que la ANNP se arrogó la atribución de prorrogar aún más la vigencia del contrato, vía resolución, según se lee en la cláusula decimosexta del contrato (ver facsímil).
Adjudicación cuestionada
ABC conversó ayer con el Ing. Francisco Griñó, uno de los descalificados por la ANNP. En una primera convocatoria, se presentaron CIE e Imperial en consorcio, Puerto Seguro de Griñó y el consorcio Salto Aguaray-Mercosur.
Autoridades del ente dijeron a este diario que se declaró desierto ese llamado porque las empresas tenían objeciones técnicas y financieras. Pero en el segundo llamado, le adjudicaron a Baden SA, cuyos accionistas son CIE e Imperial.
Al respecto, Griñó señaló que en la ANNP “mienten”, pues si el problema es la objeción técnica o financiera, tampoco en el segundo llamaron debieron adjudicar a Baden. Negó además que su empresa no tenga la capacidad requerida para las inversiones esperadas para el puerto.