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En el 2013, la energía de Itaipú tenía un costo de 28,34 US$/MWh para la ANDE; sin embargo, el año pasado, en 2015, trepó a 32,35 US$/MWh, según datos de la propia binacional.
En 2015, la potencia que contrató la empresa estatal fue de unos 1.190 MW; mientras que este año, la cantidad de potencia trepó a 1.270 MW medios y, según estimaciones del Ing. Benítez, se inyectaría al sistema eléctrico nacional un 4% más de energía equivalente.
“Evidentemente la tarifa media de Itaipú pesa y mucho. Los números muestran que se ha incrementado un 20% desde el 2013 a la fecha”, insiste el especialista.
Añadió que esto repercute directamente en las finanzas de la ANDE, por lo que se debería elaborar una estrategia para el 2017, teniendo en cuenta que la contratación para ese periodo sería igual a la de este año.
“Solo cambia la distribución estacional de diciembre a abril y que a partir de mayo la contratación baja, seguramente en la presunción de que se traería más energía de Yacyretá, puesto que estaría terminada la repotenciación de la interconexión Ayolas-San Patricio”, explicó el técnico.
Agregó que la ANDE debería mejorar su estrategia par comprar energía de las binacionales, de modo que el mix resulte menos oneroso. Actualmente, la distribución del Sistema Interconectado de la ANDE indica que el 75% se abastece de Itaipú, el 17% de la EBY y aproximadamente el 8% de la central de Acaray.
Al respecto intentamos conversar con el gerente técnico de la ANDE, Ing. Walter Causarano, pero este no atendió nuestros llamados, tampoco el mensaje de texto que enviamos a su celular.
Cabe mencionar que desde el 2009 la Itaipú Binacional mantiene la misma tarifa de potencia, que es 22,60 US$/kW-mes. Según la Itaipú, para la determinación anual del Costo del Servicio de Electricidad de la central, los montos necesarios para pagar royalties y resarcimiento de las cargas de administración y supervisión son calculados previamente, tomando como base la previsión de energía garantizada de Itaipú, que forman parte de la tarifa de potencia aprobada por el Consejo de Administración, conforme al Anexo C.