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La condición impuesta por el Gobierno paraguayo para avanzar con los proyectos hidroeléctricos previstos en la Central Hidroeléctrica Yacyretá “es necesario renegociar el Anexo C”, admitió el director argentino Humberto Schiavoni, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Ituzaingó, Corrientes, donde presentó a los medios locales los objetivos estratégicos de su administración y la planificación de trabajo en el área técnica y social del organismo para el periodo 2016-2019.
Según la prensa del país vecino, Schiavoni explicó que Paraguay demanda tres cosas: mayor precio por la energía que no usa y cede a la Argentina y por la que hoy recibe US$ 8 el MWh; mientras Yacyretá recibe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Argentino (Cammesa) unos US$ 40 por cada MWh.
También reclama una mayor compensación por su territorio inundado y una “rediscusión del pago de intereses de la entidad al Estado argentino”, indican los medios; sin embargo, hay que aclarar que la posición paraguaya es que no corresponde el pago de intereses ni actualizaciones, por tratarse de aportes tal como lo indica el Tratado de Yacyretá.
Referente a la deuda de la EBY con el Tesoro argentino, los medios argentinos sostienen que “Paraguay, que no aportó dinero para la obra y que compensa su aporte con energía, quiere rediscutir las compensaciones por las cuales entrega energía a cambio de ir achicando su parte en esta enorme deuda”. Sin embargo, se olvidan de mencionar que debido a la aplicación ilegal de la Nota Reversal de 1992, se postergó hasta el 2019 el pago de las tres cuartas partes de los beneficios reconocidos al Paraguay por el Anexo C.
En referencia a la estrategia de negociación que utiliza el Gobierno paraguayo, señalan que “mientras tironea para quedarse con una tajada mayor de la que recibe, está preparando sus líneas de alta tensión para llevarse el 50% de la energía que produce Yacyretá, que es lo que le corresponde. Hoy se lleva el 13% mientras que la Argentina utiliza el 87% restante”, según los datos exhibidos por Schiavoni”. Añaden que Paraguay podría reclamar el uso de la mitad de la energía que le corresponde y optar por vender una mayor proporción de la energía, que también le corresponde en la represa de Itaipú que comparte con Brasil, puesto que recibe más dinero por ceder a Brasil la energía de Itaipú que lo que recibe por ceder su parte en Yacyretá a la Argentina.
Sobre el Aña Cua, Schiavoni destacó que “tiene una altísima tasa de retorno, porque muchas obras ya están hechas, la presa, el vertedero, no hay que relocalizar a ningún habitante y no tiene daño ambiental porque no se inunda un centímetro cuadrado más”, argumentó.
Thomas dejó en rojo la EBY
La gestión de Óscar Thomas en la EBY presentó irregularidades como: 8.500 beneficiarios y asociaciones que no eran afectados por el embalse, 128 contratos que “no tenían justificaciones funcionales”, contratos y convenios de consultoría por US$ 6 millones. Thomas, proyectando que iba a continuar en el poder, presentó un presupuesto de US$ 1.432 millones pese a que la facturación de la EBY era de US$ 600 millones. “Nos encontramos con un presupuesto aprobado por la gestión anterior, que no sabemos cómo se iba a financiar”, dijo Schiavoni quien sospecha que los US$ 832 millones, iban a ser aportados por la cartera a cargo de Julio de Vido.