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José Odvar Lopes, de nacionalidad brasileña, aparece como uno de los propietarios de la firma de referencia y hasta ahora el único imputado por la fiscala Gubetich de Cattoni.
Según el acta de imputación, existen los elementos suficientes para que el Ministerio Público haga la imputación contra Lopes y, a partir de ahora, empezar la investigación -por un periodo de seis meses- para poder hacer la acusación contra el empresario en este caso o no.
El pasado 28 de mayo, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) intervino el local de la empresa ubicada en Nueva Esperanza, Canindeyú, donde habían depositado unas 1.900 toneladas de azúcar, producto de una investigación por presunto contrabando que empezó el MIC en enero de este año.
El operativo en cuestión fue encabezado por el propio viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, quien estuvo acompañado de la fiscala Carmen Gubetich, además de funcionarios de la aduana. En el local de Inpasa finalmente decomisaron 1.400 bolsas de 1.000 kilos cada una, denominadas “Big Bags” (que totalizaron 1.400.000 kilos).
El MIC sostiene que esta cantidad encontrada no contaba con el etiquetado correspondiente y que, en el momento de hacer el primer allanamiento, en enero pasado, las autoridades de la empresa no contaban con los documentos que acrediten el origen del producto.
Finalmente, el MIC, a través de una orden judicial, pidió hacer el traslado de la carga, que se iba a cumplir el 29 de mayo último, con un total de 52 camiones preparados para transportar el azúcar hasta los depósitos del MIC en Fernando de la Mora. Sin embargo, una repentina orden judicial presentada por Inpasa y firmada por el juez Carlos Manuel Giménez, del segundo turno interino de Caaguazú, frustró el operativo de traslado del cargamento.
Defensa de la empresa
Los abogados de la empresa, Aramis López Dávalos y Rodrigo Yódice, sostienen que en el sumario aduanero abierto en este caso la empresa demostró, con documentos, que la carga fue comprada de las empresas Comvence SA, y que esta adquirió a su vez de Azucarera Iturbe SA. Aseguran que se presentaron todas las facturas que acreditan la legalidad de la carga y consideran que la actuación del MIC, en este caso, perjudica la imagen de la firma.