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Aramis López Dávalos y Rodrigo Yódice, abogados de la firma Inpasa, estuvieron ayer en la redacción de ABC Color para presentar documentos que –según ellos– respaldan la legalidad del cargamento de azúcar que fue decomisado el martes pasado por el MIC.
Según los abogados, es muy llamativo el proceder de las autoridades y principalmente del viceministro de Comercio, Pablo Cuevas, en lo que tiene que ver con esta incautación.
Refirieron que Inpasa tenía en sus depósitos de Nueva Esperanza, Canindeyú, un total de 16.600 toneladas (16.600.000 kilos) de azúcar que habían comprado ya antes de agosto de 2013. De esta cantidad, el MIC encontró en enero de este año que unas 1.900 bolsas de mil kilos cada una no tenían el etiquetado que corresponde.
En la intervención del martes, el MIC finalmente terminó decomisando 1.400 bolsas de mil kilos cada una, que correspondían a este grupo. Los abogados reconocieron que efectivamente esa cantidad de bolsas no tenían etiquetado, pero que obedeció a que se trataba de un producto que estaba para ser reprocesado. Señalaron que Inpasa usa el azúcar comprado como materia prima.
Informe de Aduana
Los abogados igualmente mostraron el Dictamen N° 59 de la Aduana del 27 de marzo pasado en el que se menciona que no hay ningún elemento para probar que la carga es de contrabando y que incluso recomienda sobreseer al sumariado, que en este caso es Inpasa. El documento está firmado por Miguel Darío Vega, representante fiscal por la Aduana dentro del sumario que inició esta entidad para determinar si hubo o no contrabando con las 1.400 toneladas incautadas. El sumario en Aduanas aún no terminó.
Los abogados dijeron que el resultado de este informe se debe a que la empresa mostró cada una de las facturas de compra –que corresponden a la firma Comvence, que a su vez adquirió el producto de Azucarera Iturbe– y que cada empresa tributó por cada kilo comprado, de hecho, afirmaron que Inpasa pagó G. 2.700 por cada kilo, y que esto fue comprobado por la propia Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en el análisis de las facturas.
Adujeron que a todo esto se debe sumar que es llamativo que en este caso se tengan dos fiscales y dos jueces, ya que el MIC recurrió a una fiscal de Asunción (Carmen Gubetich de Cattoni) y a un juez de la Capital (Humberto Otazú) para hacer la incautación.