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Este es uno de los casos que motivaron a que miembros del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) vinieran a Asunción el 27 de febrero último y se instalaran frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), según la líder Vidalia Benítez. El ente, presidido por Justo Cárdenas, había anunciado en 2014 la solución del conflicto de tierras con la entrega de 500 hectáreas a unas 50 familias campesinas. De esa superficie, 300 fueron donadas por la empresa Bioenergy y las 200 restantes eran fiscales. Pero hasta hoy no se concretó la entrega a las familias, que dicen sentirse engañadas, porque les dieron tierras con problemas.
Es que había campesinos que tenían 40 años de ocupación y pudieron haber promovido juicios de usucapión, pero prefirieron confiar en el Indert y trasladarse de unas 2.000 hectáreas que ocupaban –también de Bioenergy– para irse a las 500 hectáreas.
Según informó ayer el abogado Enrique Cardozo, del Indert, en 2014 una familia de apellido Villalba promovió ante el Juzgado de Caaguazú un interdicto de retener la posesión, alegando tener derechos sobre las tierras, y obtuvo una medida cautelar de no innovar.
El ente accionó contra ese interdicto, y en la primera instancia le dieron la razón: pero eso fue nuevamente apelado por los Villalba, quienes fueron sistemáticamente recusando a jueces de Caaguazú hasta que el caso pasó a Coronel Oviedo. Cardozo explicó que después de seis meses sin que se moviera el expediente, planteó la caducidad de dicha apelación, lo cual le fue concedido. Pero, otra vez, esa resolución del Juzgado de Coronel Oviedo fue apelada por los Villalba, y el tribunal de apelación segunda sala le dio la razón a esta familia.
Una seguidilla de acciones jurídicas terminaron de hacer más complejo el caso, pues el Indert solicitó en primera instancia el levantamiento de la medida cautelar y, al mismo tiempo, presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa última resolución de segunda instancia.
“Desde Asesoría Jurídica y Presidencia estamos todo el día tras este expediente. Estamos muy quebrantados por nuestros compatriotas que están viviendo frente al Indert”, aseguró el abogado, haciendo referencia a que la solución está en manos de la Justicia.