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CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). La comitiva del Indert estuvo encabezado por su presidente, Justo Cárdenas, y acompañada por el juez Juan Aguirre, quien hizo un recorrido en la colonia Santa Lucía, donde constató que casi la totalidad de la misma se destina al cultivo de soja, es decir no hay población. No obstante, en uno de los sectores se constató la construcción de pequeñas casas de madera, ocupadas por campesinos contratados por los colonos brasileños y descendientes de estos.
Cárdenas conversó con los ocupantes de las casas y les aseguró que si cuentan con los documentos legales no serán desalojados, pero que las casas construidas recientemente no se considerarán mejoras ni arraigo.
Uno de los campesinos, identificado como Pedro Rojas, reconoció que hace un mes fue contratado para cuidar una finca que pertenece a un alemán del que ni siquiera sabe su nombre. El mismo es oriundo de Tavapy y exhibió un documento consistente en un certificado de ocupación a nombre de Fausto Bogarín, quien habría vendido su derechera al extranjero.
Según los datos, más de 3.000 hectáreas en Santa Lucía y otras 6.000 en Laurel, ambos ubicados en el límite entre Alto Paraná y Canindeyú, en los distritos de Itakyry y Nueva Esperanza, son tierras recuperables por el Indert.
Las mismas fueron adquiridas en 1995 a los efectos de la Reforma Agraria, pero la mayoría de los campesinos vendieron sus derecheras, es decir, el certificado de ocupación que les fue otorgado por el ex Instituto de Bienestar Rural (IBR), hoy Indert.
Tras el recorrido, Cárdenas explicó que con el acompañamiento del juez se pretende tener una prueba legal de que “esas tierras no están cumpliendo con su función social”. “Son tierras sumamente valiosas que no están cumpliendo la función social para las cuales fueron adquiridas. Tenemos el objetivo de convertir esa situación absolutamente irregular y darle la utilidad que desde un principio se le debió dar, y que en esas tierras estén paraguayos cultivando, desarrollándose como sociedad y como persona”, expresó.
Respecto a las personas que vendieron sus derecheras, dijo que la penalización de la venta de esos documentados afecta tanto al vendedor, al comprador como a la escribana o escribano que avaló esa transacción.
En Santa Lucía, la única zona poblada está en los alrededores de una pequeña escuela pública donde ahora se pretende proyectar la zona urbana de la colonia. El resto es un mar de soja.