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El representante del Ministerio Público también imputó a Ada Ramona Leguiza, empleada de la empresa G&G, por acceso indebido a datos y alteración de datos, como cómplice, y por estafa, estafa mediante sistemas informáticos y producción de documentos no auténticos, como coautora.
Entre tanto, Martín Roberto Urquiza fue imputado por estafa, estafa mediante sistemas informáticos, como cómplice, y producción de documentos no auténticos, como coautor.
Conforme a la imputación, Leguiza y Urquiza habrían recibido dinero de parte de la administración de la empresa G&G SA para el pago de tributos (IVA). Sin embargo, en lugar del pago por medio de las bocas de cobranzas autorizadas, ambos se habrían repartido el dinero con Espínola, quien habría confeccionado facturas falsas por los tributos supuestamente abonados.
El objetivo era que Leguiza y Urquiza las presentaran ante sus empleadores. En cuanto a Espínola, el informe refiere que desde su usuario habría ingresado al sistema Marangatú, al contribuyente G&G.
Luego habría alterado balances de años anteriores y generado créditos a favor de dicha empresa, con el objetivo de que sus administradores no notaran la falta de pago de los tributos, sino que contaría con créditos fiscales a su favor, creados falsamente.
El perjuicio patrimonial ocasionado de forma preliminar ascendería a G. 125.025.515, conforme a la investigación de la fiscalía.
Un allanamiento infructuoso
En horas de la siesta, tras presentar la imputación, el fiscal de la causa se presentó en la casa de Espínola en busca de evidencias que vinculen al sospechoso con otras empresas.
El referido procedimiento se realizó en la propiedad ubicada en Rigoberto Caballero y Ana Díaz, de la capital. Sin embargo, el allanamiento en cuestión fue infructuoso, ya que no se encontraron los documentos que estaban buscando, según informaron.
El inicio de la investigación
El fiscal de Delitos Económicos Aldo Cantero allanó el pasado lunes una de las dependencias de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Tributación.
Del lugar fueron incautados documentos y computadoras a fin de recabar la información sobre las operaciones que efectuaban.
Cantero explicó que esta investigación se lleva a cabo con el apoyo de la misma Subsecretaría de Tributación.
La Dirección de Recaudación es la dependencia de la administración fiscal que maneja la cuenta de los pequeños y medianos contribuyentes de todo el país.