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El caso de Chino’i, publicado ayer, demuestra cómo el modelo de reforma agraria de nuestro país se ha prostituido a tal punto que utilizan simplemente como excusa la falta de tierras para el sector campesino habiendo colonias enteras del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) cubiertas de soja explotadas por colonos brasileños o brasiguayos.
De acuerdo a estimaciones de expertos en el sector agrario, solamente en el departamento de Alto Paraná existirían unas 128.000 hectáreas del Indert, distribuidas en varias colonias, que están actualmente en manos de sojeros.
Inclusive, muchas de esas colonias ni siquiera han sido transferidas todavía al Indert, por lo que no se puede hablar del inicio de expedientes para supuestas titulaciones, es decir, que desde cualquier punto de vista sus ocupantes están en situación totalmente irregular.
Monto elevado
Haciendo un cálculo rápido de cuánto representan económicamente estas casi 130.000 hectáreas del Indert, hoy en manos de sojeros, se puede tener en cuenta que el precio de mercado de las tierras en el departamento de Alto Paraná está en torno de los 10.000 dólares la hectárea para superficies mecanizadas o preparadas para la producción agrícola. Se tendría entonces que el Indert posee en tierras que no están siendo ocupadas por beneficiarios de la reforma agraria, alrededor de 1.300 millones de dólares, más de la mitad de toda la deuda externa del país.
Por otro lado, cada hectárea de tierra plantada con soja puede dar en promedio de hasta 3.000 kilos de granos, más aún en tierras sumamente fértiles como las del Alto Paraná. De esta forma, las 128.000 hectáreas del Indert hoy en manos de sojeros estarían produciendo por año alrededor de 390 millones de kilos de soja, unas 390.000 toneladas. Teniendo en cuenta que el precio de la oleaginosa es de unos 500 dólares por tonelada, la suma producida por estas tierras asciende a cerca de 200 millones de dólares.
Lo cierto y lo concreto es que el Indert no percibe un solo guaraní por estas tierras como tampoco cumplen la función social para la cual fueron adquiridas por el Estado, por lo que debería buscarse una solución a esta situación sin perjudicar al sector productivo, pero otorgándole los legítimos derechos al ente agrario.
Como ya se ha visto en el caso de Chino’i, quienes lucran ilegalmente con estas colonias son solo algunos avivados dirigentes campesinos que alquilan estas tierras o venden sus derecheras a los colonos brasileños para luego exigir más tierras al Estado.
LEA MAÑANA: El Indert analiza las alternativas de solución para las colonias con cultivos de soja en todo el país.