Gobierno considera prudente elevar deuda externa hasta un 22% del PIB

Elevar la deuda externa de Paraguay hasta un 22% de su producto interno bruto (PIB) es considerado por el Gobierno un nivel aún prudente, teniendo en cuenta estudios realizados en forma conjunta con el BCP y que en la región sudamericana el promedio de asistencia financiera de organismos multilaterales a los países oscila entre el 35 y 45% del producto.

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Es un nivel razonable, dijo en un tono enfático el ministro de Hacienda, Germán Rojas, ante una consulta periodística. Se quiere poner al país en un escenario interesante en materia de generación de recursos para hacer frente a los planes de generación de empleo como paso decisivo para reducir la pobreza.

Paraguay es uno de los países con menor nivel de endeudamiento –su deuda externa totalizaba US$ 2.680,6 millones a noviembre de 2013–, con una tasa en torno al 13% del PIB y con una marcada estabilidad macroeconómica general, pese a la alta dependencia del sector agropecuario.

Esto abre las puertas al país a tener fácil acceso al mercado financiero internacional, ya sea a través de los organismos multilaterales de crédito o a través de emisiones de bonos soberanos. En ese contexto, el Gobierno estudia las mejores alternativas financieras para obtener recursos y llevar a cabo el plan de inversiones requerido, pero asegurando la estabilidad macroeconómica y fiscal, con una deuda pública sostenible. Para ello se está implementando la generación del IVA, además de ampliar espectros de recaudación impositiva en otras áreas que aún no están aportando al fisco.

Fugas impositivas

Cuando se habla de obtener mayores ingresos tributarios no se vincula solo con la posibilidad de elevar impuestos. Se relaciona también con cerrar orificios de fuga en la estructura tributaria, como los créditos fiscales con certificados falsos, reducción de la evasión impositiva y mayor formalización de tal forma que todos los agentes económicos que trabajan y producen en este país paguen sus impuestos.

Según Rojas, un mayor endeudamiento dependerá también de la implementación de fórmulas que impidan seguir con prácticas poco éticas de contribuyentes para evitar el pago de impuestos. Dependerá además de un presupuesto general de gastos razonable.

En líneas generales, esta propuesta de poner en marcha un plan de inversión por unos US$ 16.000 millones hasta el 2018 tiene varios componentes que implican fuertes compromisos de todos los poderes del Estado.

Los paquetes crediticios proyectados dependen en gran medida de la aprobación del Congreso y se pondrá especial énfasis en que la obtención de fondos coincida con proyectos ya preparados para evitar errores que se cometieron en el pasado cuando se captaban recursos incluso antes de que se definan las obras de destino para las captaciones.

Los retornos que se esperan alcanzar con las obras de infraestructura previstas tienen igualmente su contribución al fisco en forma directa como indirecta.

El impacto en las recaudaciones se podrá visualizar con mayor claridad desde el 2015 y la ciudadanía debe entender que los beneficios alcanzados con los créditos no serán para un gobierno en particular, sino para el país en general, concluyó Rojas.

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