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Es un proyecto presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo y que tuvo entrada legislativa el 2 de noviembre de 2015. Se trata del “Acuerdo marco entre los gobiernos de la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, para la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados del petróleo”, suscrito en Yacuiba, departamento de Tarija, el 24 de agosto del año pasado en ocasión de la visita de Horacio Cartes a su par boliviano Evo Morales.
Este proyecto ya tiene el “visto bueno” de tres comisiones del Senado. Sin embargo, existen cuantiosos puntos no aclarados hasta ahora, atendiendo a que el convenio se maneja con mucha reserva, salvo los hechos de corrupción que saltaron recientemente ante la opinión pública, como el caso del intento de compra sobrefacturada de 200.000 garrafas por parte de Petropar y que forma parte del mismo plan. Se desveló que la petrolera estatal intentó pagar unos US$ 5 millones más por dichos envases con relación al precio de mercado.
Los entendidos en el tema aseguran que este proyecto con Bolivia no le conviene a nuestro país: Primero, porque en el artículo VI del acuerdo dice que “las operaciones con Bolivia tendrán una duración de 20 años”, lo que implica que el Paraguay quedará sometido al arbitrio del controvertido país en cuanto a provisión del GLP, lo que puede acarrear serios inconvenientes, no solo en materia de precio, sino especialmente por razones geopolíticas.
También se desconoce quiénes serán los financistas de la construcción de dos plantas convertidoras de gas natural licuado, que proyectan hacerla en Villa Hayes (departamento de Presidente Hayes-Chaco) y otra en Limpio (Central). Se teme que este gobierno siga endeudando al país como lo ha hecho desde un principio.
Lo que se sabe es que Petropar proyecta “invertir” US$ 40 millones en el gas, a pesar de haber fracasado en el pasado en el mismo rubro, con millonarias inversiones que hoy están abandonadas.
Del citado monto, ya malgastó unos US$ 4 millones en compras sobrefacturadas de equipos, como el caso de los camiones a precios muy por encima de su valor de mercado, así como la sobrefacturación en un 170%, para adquirir skid de carga, que son dispositivos para llenar garrafas de gas en estaciones de servicio. Y el caso del sobreprecio en compra de garrafas, que no se concretó.