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Tras cuatro meses de estudio, finalmente ayer se adjudicó el primer proyecto de infraestructura vial que se ejecutará por alianza público-privada (APP), el ensanche de las rutas II y VII, en un tramo de 149 km, desde Ypacaraí hasta Pastoreo, Caaguazú (ver infografía). La adjudicación se hizo a favor del único consorcio que se presentó al llamado y que está formado por las empresas: Mota Engil (Portugal), Sacyr (España) y Ocho A (Paraguay).
Como representante del consorcio aparece Jesús Viadero Canales (de la empresa Sacyr). La empresa paraguaya integrante del consorcio, Ocho A, está representada por Luis Pettengill.
Este consorcio se hará cargo del diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación del referido tramo por 30 años. Las obras tendrán un costo aproximado de 520 millones de dólares, según la versión oficial, monto que debe ser cubierto en un 70% por lo que se recaude en peaje durante los 30 años de ejecución del contrato. Mientras que el 30% restante debe ser abonado por el Estado.
Si al porcentaje que le corresponde pagar al Estado se suma el desembolso de US$ 80 millones que debe hacer de entrada para liberar la franja de dominio, su aporte a esta APP termina siendo mucho mayor.
Impacto esperado
Las rutas II y VII constituyen el principal corredor por donde circula la producción nacional vía terrestre. El Gobierno dice que su ampliación reducirá a dos horas el tiempo que se precisa para recorrer la distancia entre Ypacaraí y Pastoreo. A la vez, sumado esto a la duplicación del tramo de la Ruta VII concesionado a Tape Porã, el viaje Asunción-Ciudad del Este demandará unas 3,5 horas como máximo. Las obras deben iniciarse en el segundo semestre de 2017
Según explicó el ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona, el consorcio adjudicado ofertó dos cuotas de pago (pago diferido por inversión y pago por disponibilidad) que tiene que hacer el Estado al consorcio a través de un fondo de fideicomiso. Ese fondo se constituirá a su vez con la recaudación del peaje y el porcentaje de aporte que le corresponde al Estado.
El pago por disponibilidad está sujeto a que la ruta se mantenga en condiciones, si no, el consorcio no cobra esta cuota.