Fiscalía abre una investigación oficial sobre el caso de la supuesta coima

Con la investigación que ayer se abrió en el caso de soborno a autoridades del gobierno, la Fiscalía busca que Jair de Lima cuente la verdad a cambio de ser desvinculado del proceso penal.

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La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción abrió formalmente la investigación por la supuesta coima de US$ 500.000 que dicen que pagó Jair Antonio de Lima, dueño del Frigorífico Concepción, a los ministros Gustavo Leite (MIC) y Luis Gneiting (MAG). Los fiscales del caso son Nelson Ruiz y Yolanda Portillo, y la adjunta Alba Cantero.

Esto ocurrió al tenerse testimonios coincidentes de parte del empresario ganadero Carlos Trapani y del extitular del Senacsa Hugo Idoyaga (declaró ayer). Ahora, los fiscales definirán en qué carácter –indagatoria o testifical– convocarán a Jair, porque si bien sería autor del pago de un soborno, podría admitir el hecho por un “estado de necesidad justificante”, porque su negocio iba a pique si persistía el bloqueo a exportar por un caso de contrabando de carne.

Sin embargo, si Jair utiliza este argumento podría complicar a su propio abogado, Pedro Ovelar, quien según los testimonios reportó en una comunicación telefónica que ya pagó US$ 300.000 de los US$ 500.000 solicitados para “resolver el problema”.

La fiscala Cantero explicó en rueda de prensa que la apertura oficial de la investigación es “a fin de agotar todas las diligencias tendientes a confirmar o no el hecho, que para nosotros sería presumiblemente cohecho”.

Por su parte, el fiscal Ruiz, preguntado si se llegó o no a concretar el pago, respondió que lo que se sabe es que Idoyaga refirió que en una reunión con Jair, este llamó a un abogado de nombre Pedro y que él escuchó que esta persona señalaba que el pedido era por un total de US$ 500.000 y que ya había entregado US$ 300.000 a una tercera persona que fungía de intermediario, que sería Emilio Cubas Gusinky.

La fiscalía confirmó que Idoyaga se presentó a declarar ayer como parte de las acciones preliminares del caso, mientras que Cubas ya se puso a disposición a través de una nota, diciendo que colaborará, aunque alegó que se encuentra de viaje.

También Jair, bajo patrocinio del Abog. Pedro Ovelar, se puso ayer a disposición de la Fiscalía mediante un escrito en el que vuelve a negar el “ofrecimiento o pago” de dinero a alguna autoridad. En el mismo documento detalla la suma que pagó en concepto de la multa que le aplicó el MIC por la importación ilegal de carne brasileña. Al respecto, indica que hizo una entrega inicial al citado ministerio de G. 1.651.708.974, que a la conversión en dólares alcanza US$ 290.000, monto que casi coincide con la coima investigada. Jair recordó que le aplicaron una multa total de G. 3.303.417.948 (US$ 580.000).

Los fiscales, por su parte, ya pidieron asimismo la circularización de cuentas de bancos y financieras a través del Banco Central del Paraguay (BCP), e informes de los registros telefónicos de todos los que estarían involucrados en el hecho, para un cruce de llamadas.

Arresto para aduaneros

El juez penal de garantías José Agustín Delmás decretó arresto domiciliario de los aduaneros Martín Benítez Ruiz Díaz y Rafael Nayar Acuña y del funcionario del Servicio Nacional de Calidad y Salud Anima, Pedro Jara Pérez, en el proceso abierto por contrabando que involucra al frigorífico Concepción y producción de documentos de contenido falso. Fue durante una audiencia de imposición de medidas realizada ayer, ocasión en que el magistrado impuso una fianza personal de G. 100 millones a los abogados defensores y estableció un plazo de 20 días para cubrir el millonario monto con bienes suficientes.

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