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El 24 de octubre del año pasado, mientras continuaba la evaluación de las ofertas técnicas para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi por alianza público privada (APP), uno de los miembros del comité de evaluación, Emiliano Fernández, en una nota expresaba su preocupación por la vinculación del oferente Sacyr con la Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia, que tenía procesos judiciales en trámite por incumplimiento contractual.
La nota iba dirigida a Claudia Centurión, miembro del comité de evaluación por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En esta nota Fernández le solicitaba a Centurión un dictamen jurídico de la administración contratante, en este caso el MOPC, respecto a Sacyr. Fernández hacía específica mención a las incompatibilidades para ser oferente que prevé la Ley de APP (ver facsímil).
Recordemos que Sacyr no solo es el oferente que está más cerca de quedarse con un contrato de 30 años en el aeropuerto, sino que el MOPC ya le adjudicó otro contrato millonario para el ensanche de las rutas 2 y 7, también por APP.
Pese a las múltiples denuncias contra Sacyr, no solo en España sino también en Panamá, en Colombia y más reciente en Chile, el MOPC insiste en que estas denuncias no forman parte de la evaluación, aún cuando la ley impide ser oferente a empresas con trámites judiciales en otros países.
“Las actuaciones institucionales no pueden sustentarse en denuncias periodísticas sin sustento de carácter oficial. En consecuencia, cualquier apreciación sobre dichos procesos, sin que los trámites se hayan finiquitado, carece de validez”, fue lo que respondió el viernes último el MOPC a una consulta de este diario.
Paradójicamente, el 9 de diciembre del año pasado la propia representante del MOPC ante el comité, Claudia Centurión, en una nota dirigida al director jurídico, Dionisio Mereles, no solo asume que está en conocimiento de la sentencia de Murcia, sino que también reconoce que se trata de una sociedad en la que Sacyr tiene la mayoría de las acciones (ver facsímil).
Estas comunicaciones entre Centurión y Mereles, ambos funcionarios del MOPC, tuvieron, sin embargo, como resultado un dictamen final que niega la vinculación de Sacyr con la sociedad en litigio en Murcia, cuando esta vinculación fue reconocida por los propios representantes de Sacyr.
Tanto Centurión, Fernández como también Mereles están denunciados hoy en día ante el Ministerio Público.