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De 150 estaciones de servicio de Petropar, alrededor de 30 se rehúsan a incrementar los precios de combustibles, pese a que estos encarecimientos se dan como consecuencia del alza en la cotización del petróleo y del dólar. La actual presidenta de Petropar, Patricia Samudio, dijo ayer a ABC Cardinal que podría existir un “trasfondo político”, ya que en la administración anterior, presidida por Eddie Jara, se otorgaron beneficios a los operadores, entre ellos, dirigentes colorados.
Por ejemplo, el seccionalero Víctor Molas (Tecnifrost) es uno de los operadores de Petropar que se oponen a dicha suba; él tiene una deuda de G. 3.600 millones por combustible que recibió en la gestión anterior y que todavía no pagó, de los cuales G. 962 millones están vencidos (ver planilla). En conversación con ABC Cardinal, el seccionalero negó que tenga cuentas vencidas aunque reconoció que tiene la millonaria deuda. No obstante, alegó que posee “garantía”.
La administración actual de Petropar identificó, además, a través de auditorías, que hay operadores que pagaron con cheques sin fondo. Por ejemplo, Gloria Raquel Laterra, cuya deuda asciende a G. 1.671 millones. Esta auditoría hizo referencia a la responsabilidad jurídica del administrador que llegue a producir un daño al patrimonio estatal y que podría responder con su propio patrimonio, es decir, Jara podría tener responsabilidades jurídicas (ver facsímil).
Nuestro diario también accedió a más documentos que citan a Transporte Almirón SA entre las empresas morosas, cuya deuda con Petropar asciende a G. 1.300 millones, así como la firma Tacuara, que adeuda G. 7.000 millones, de los que ya están vencidos G. 1.000 millones.
ABC quiso conversar con el expresidente de Petropar, pero este se excusó diciendo que estaba en reunión y que solo podría responder por escrito. Ante las consultas vía WhatsApp, dijo que cuando dejó la administración la deuda total trepaba a G. 106.000 millones, mientras que hoy el gremio de las Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) hace referencia a un monto de G. 130.000 millones.
“Al 03 de agosto no había 130.000 millones, el saldo era de 106.000 millones. Nunca hubo razones políticas en todo el proceso (para firmar contrato con operadores), mientras yo estuve. Al 03 de agosto, solo había 1 cliente que se podría considerar incobrable y pedí a la asesoría legal que inicie la demanda”, señaló. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondió sobre las implicancias jurídicas que podría acarrearle un eventual daño patrimonial de la empresa.
Guillermo Parra, de Dicapar, denunció por su parte a ABC Cardinal que uno de los métodos de las operadoras de Petropar era pagar con cheques diferidos, que nunca fueron cobrados, y que hay incluso empresas que deben G. 1.130 millones y gran parte de esa deuda ya está vencida.
Para Parra, esta negativa de subir los precios es para crear problemas al Gobierno actual. “Es simplemente oportunismo para, por un lado, seguir el carnaval de financiación y no pago de deudas y, por otro, sacar rédito político de esta situación”, afirmó.