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Tacuara SACI, propiedad de José María Silva, es uno de los operadores de estaciones de servicio con emblema Petropar que dejó un millonario agujero a la petrolera del Estado con la emisión de cheques voladores.
La irregularidad ya había sido denunciada el año pasado, pero ahora fue confirmada por un equipo auditor encabezado por el exfiscal y concejal de Asunción con permiso Carlos Arregui.
El informe revela que la citada empresa emitió 15 cheques a favor de Petropar, entre julio y agosto del año pasado, poco antes de asumir el nuevo Gobierno, por unos G. 5.581 millones. Eran para pagar retiro de combustible para sus dos surtidores (Limpio y Ñemby). Pero su deuda total con el ente asciende a G. 13.575 millones. Tacuara dio apertura en 2016 a una estación con sello de la estatal en Ñemby y a principios de 2018, otra en Limpio.
Petropar, bajo la presidencia de Eddie Jara, le habilitó la estación de Limpio, pese a que no cumplía con las exigencias técnicas establecidas en el pliego de bases, según consta en el informe. Pero no solo este beneficio se le concedió, ya que tampoco la estatal le estableció una línea de crédito. Es decir, no tenía límite para retirar combustibles. A esto se suma que la garantía entregada por Tacuara no cubría el monto adeudado. Inclusive, Petropar le entregó todos los equipos para montar las estaciones, por un valor que ronda los US$ 160.000, sin ninguna póliza de seguro contra todo riesgo, señala el informe.
Gamax SRL, representada por Arnaldo Duré, es otra firma que dejó un feroz agujero, de G. 2.109 millones, con cuatro cheques voladores emitidos entre agosto y setiembre de 2018. Su deuda total con la estatal trepa a G. 4.331 millones. La empresa concedió garantía hipotecaría de G. 2.000 millones, menor al monto adeudado a la estatal. También tiene vencida la póliza del seguro contra todo riesgo por los bienes entregados por la petrolera por valor de unos US$ 60.684. Petropar no le debió habilitar la estación, según la asesoría jurídica, porque no presentó documentos sustanciales como la declaración jurada, que exige la Ley N° 2051/03, el permiso municipal, certificado de cumplimiento tributario y balance de los últimos dos años.
Otros operadores que emitieron cheques voladores por menor valor son: Miguel Paredes por G. 37.193.000 (pero su deuda asciende a G. 360 millones) y Reinaldo Denis (G. 50.545.000). Alpina SA, Humberto Zanoni, Francisco Arévalos, Elvia Arévalos, Francisco Fleitas y Amado Sotomayor.
Las firmas mencionadas y otras empresas dejaron deudas de unos G. 23.000 millones a la estatal; además, fueron beneficiadas por la entidad con más del 62,5% de bonificación (producto más barato) que supera el límite establecido en el Decreto N° 5077/05. El monto de bonificación trepó a G. 15.570 millones.
ABC intentó tener la versión de Eddie Jara, titular de Petropar entre mayo de 2016 y agosto de 2018 (gobierno de Horacio Cartes). Explicó que se encontraba en el exterior y que la semana próxima estará de regreso.
Millonario daño económico
El miércoles último, Carlos Arregui, concejal de Asunción con permiso (Partido Democrático Progresista) y exfiscal de Delitos Económicos presentó en Palacio de López su informe de auditoría practicada a Petropar en ejercicios 2016, 2017 y parte de 2018. Según el documento, la mala administración de la petrolera del Estado dejó un daño patrimonial, que supera los G. 30.000 millones. El informe será elevado a la fiscalía para su investigación penal.