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Según el diputado Mario Cáceres (ANR, disidente), la Cámara de senadores fue más exhaustiva que la de diputados en su análisis del Presupuesto General de la Nación para el 2018. Por eso cree que podría darse la aprobación a las modificaciones realizadas en dicha instancia. “Yo creo que se va a respetar lo que hizo el Senado”, acotó.
Esto significaría dar vía libre a los ajustes salariales que inflarían el rubro en cerca de US$ 50 millones para beneficiar a docentes del MEC, personal de Salud y funcionarios administrativos de la UNA; además de otros incrementos en el rubro de salarios para INC, Seam, Contraloría y ANDE, que se dieron en base a reestructuraciones dentro del presupuesto de cada ente.
También el diputado colorado Clemente Barrios, líder de la bancada oficialista, indicó que si los aumentos salariales se justifican con recortes en otros rubros, no tendrían objeción de acompañar lo aprobado en Senado. Agregó que aguardan el documento, que tendrá entrada este miércoles, a fin de que los técnicos evalúen las modificaciones.
La comisión de Hacienda del Senado trabaja en la reestructuración del plan de gastos a fin de incorporar estos aumentos mediante el recorte de nueve rubros de gastos corrientes como bocaditos, pasajes y construcciones, entre otros. La entrada en Diputados del PGN modificado se daría a más tardar el miércoles.
Por su parte, el diputado liberal Dionisio Amarilla también asintió los cambios realizados por la Cámara Alta y adelantó que su bancada acompaña estas modificaciones. “Va a tener nuestro acompañamiento. Son sectores rezagados, lastimosamente no hubo los votos en la Cámara de diputados en la primera vuelta”, indicó.
Si Diputados acepta las modificaciones, el proyecto de Ley queda sancionado a instancias del Poder Ejecutivo para su promulgación. Este a su vez podrá vetar parcial o totalmente, como el año pasado.
Sin embargo, los legisladores consultados coincidieron también en señalar que el escenario político es distinto, estamos en plenas campañas electorales, y un veto significaría un retroceso para los planes políticos.
El diputado Cáceres indicó que el Ejecutivo no actuaría con inteligencia en el caso que optase por el veto, ya que eso significaría volver al 2016, lo que sería todo un retroceso. Como antecedente sobre el caso reciente de veto, comentó que tenemos cientos de ampliaciones solicitadas por las instituciones a fin de cumplir con su plan operativo. “Ante estos antecedentes veo difícil que vete el presupuesto”, dijo.
No obstante, agregó que las modificaciones no fueron del todo razonables, sobre todo en lo que respecta a la emisión de bonos soberanos. Agregó que faltó más análisis y discusión.
A su vez, Dionisio Amarilla también ve difícil que el presidente Cartes vete el PGN teniendo en cuenta los antecedentes con el vigente plan, que se dio más por capricho que por otra cosa.
Sobre el punto, empresarios, analistas económicos y la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, advirtieron sobre los riesgos de sobrepasar los límites establecidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal tras los últimos ajustes.
La Ley de Responsabilidad fiscal indica por ejemplo que no habrán aumentos salariales por encima del porcentaje de variación del mínimo legal vigente. También la Ley de Administración financiera prohíbe reasignar recursos destinados a inversiones, puntos que se estarían violando al aprobar la versión del Senado.