Cargando...
El viceministro de Minas y Energía, Emilio Buongermini, explicó que CDS tuvo un contrato de explotación del bloque mencionado durante cinco años y tres meses y que ese contrato quedó extinto en el 2011 sin que la empresa haya instalado una sola máquina para hacer las exploraciones para las cuales se le benefició con un contrato de concesión. “El contrato se extinguió por incumplimiento como reza expresamente la Ley de Hidrocarburos”, afirmó el viceministro. Según explicó, dentro del plazo mencionado se le había beneficiado a CDS SA con una suspensión de casi dos años, bajo la promesa de que era inminente la perforación. Lo que jamás ocurrió.
Una vez extinto el plazo, y luego de que el Ministerio de Obras Públicas recibiera ofertas de otras empresas interesadas en la concesión del mismo bloque, apareció Joseph Goldstein, quien se presentó como nuevo presidente de la compañía y recurrió la notificación del MOPC de la extinción del plazo ante el Tribunal de Cuentas. En Derecho Administrativo el plazo para recurrir resoluciones es de 18 días hábiles a partir de la notificación. CDS lo hizo casi dos años después.
Al respecto, el viceministro explicó que la notificación de la extinción del contrato fue un mero trámite, porque ya se hallaba extinto por el transcurso del tiempo sin que se haya hecho el trabajo que se especificó en el contrato. “Simplemente finalizó el periodo de exploración al no hacerse el pozo que prometieron durante años. Entonces se les notificó la extinción. Pasó más de un año y apareció otra empresa interesada en hacerse cargo del trabajo y resulta que ellos (CDS SA) recurren la notificación”, dijo Buongermini. La empresa a la cual el MOPC quiere entregar la concesión del bloque es Riviera SA, y el tratamiento del contrato está pendiente de estudio hace tiempo en el Congreso, donde el supuesto lobby de Goldstein lo está retrasando.
Mal precedente
Según el viceministro, no pudieron siquiera contactar con el supuesto presidente de CDS SA, debido a que el mismo no fijó domicilio en el país y el domicilio denunciado a los efectos del litigio judicial es el que corresponde a sus abogados. Según dijo, el juicio sienta un nefasto precedente para las exploraciones que el MOPC desea impulsar en todo el territorio nacional. “Imagínese que cada empresa cuyo contrato se extinguió ahora quiera invocar derechos, eso crea un clima de mucha inseguridad jurídica en un rubro que se pretende sacar adelante”, explicó.