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Solo bonos del Tesoro colocados en el mercado local e internacional representan el 46% del saldo total de la deuda del país, que actualmente trepa a más de US$ 2.311 millones, sin que haya señales de que el Gobierno pondrá límites a su uso.
Antes de fin de año, la deuda total en bonos podría subir a US$ 2.664 millones, considerando que Hacienda aún cuenta con un saldo presupuestario de US$ 302,4 millones, a los que se suman otros US$ 50 millones, que fueron autorizados este mes para pagar las deudas que el Ministerio de Educación y Cultura tiene con el IPS desde 1991, en concepto de aporte por el seguro de los docentes.
El temor deriva de la actual conducta del Ejecutivo, que en los últimos años, con más frecuencia y cada vez con montos mayores emite y coloca bonos para financiar sus gastos.
Los denominados “bonos chinos”, por ejemplo, fueron emitidos en 1999, por valor de US$ 400 millones, fondos que a pesar de que fueron dilapidados, los contribuyentes los siguen pagando.
En los últimos años se registraron las mayores emisiones. En 2013 las colocaciones locales y de bonos soberanos totalizaron US$ 740 millones, en tanto que en 2014 la emisión fue de US$ 1.232 millones.
Esta situación nos arrastra hacia la senda ya transitada por otros países de la región, como Argentina, que hoy se debate con juicios y demandas en los principales centros financieros del mundo.
Composición
La deuda pública tiene un mayor componente externo, cerca del 68% proviene de financiamiento y colocaciones en el exterior, US$ 3.670 millones al cierre de febrero, mientras que la deuda interna equivale al 32% y sumó US$ 1.739 millones, según los datos de Hacienda. De acuerdo con la estructura de acreedores, la mayor parte corresponde a financiación obtenida de organismos multilaterales, que constituye un 32,8% del total; mientras que los bonos soberanos participan con un 29,9% y los bonos internos, un 16,1% (incluidos bonos FGD).
El saldo de la deuda representa en la actualidad el 17,1% del producto interno bruto del país, que sigue siendo bajo si se lo compara con otros países de la región, como Uruguay, que llega al 66,3%, Brasil 65,8%, Colombia 34%, Bolivia 29,8% y Perú 19,3%.