Documento refuta a la Fiscalía y MOPC en caso “superviaducto”

La Fiscalía General blanqueó al ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona en el caso “superviaducto”, alegando que la estructura no presenta anomalías. Empero, existe un documento en el que el propio MOPC admite la falta de obras.

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En el marco de la denuncia por lesión de confianza y asociación criminal en el caso del “superviaducto” contra el ministro Ramón Jiménez Gaona, el viceministro Juan Manuel Cano y los miembros del comité evaluador de la licitación, la Fiscalía afirma que el “superviaducto” no presenta anomalías, basándose en el resultado del dictamen elaborado por las peritas del Ministerio Público, la arquitecta Olga Fleitas y la ingeniera Ross Franco.

Esto se da en un escenario en el que existe una nota de intimación firmada por el viceministro Cano, en la que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) reclama a Isolux Corsán la construcción de una pasarela, un canal de hormigón y una caseta.

El documento señala tres días de plazo para el inicio de los trabajos, de lo contrario, se procedería a los trámites de rescisión de contrato, pero hasta el momento esto no se concretó ni se aplicaron multas.

A su vez, la póliza del “superviaducto” con la empresa Seguros Generales SA (Segesa) vence a fines de agosto próximo y de acuerdo a fuentes técnicas, no hay tiempo suficiente para terminar los trabajos en caso de que se inicien.

Por si todo fuera poco, el contrato venció el pasado 31 de marzo de 2017 y no se aplicaron multas pese a que la obra presenta varios inconvenientes desde junio 2017 (inundaciones del túnel, rajaduras de sus paredes, apagones del sistema eléctrico).

Estas obras faltantes son mencionadas en la denuncia presentada por el diseñador del proyecto original de la obra, ingeniero Hermann Pankow, contra Jiménez Gaona y el viceministro Cano. Pankow indica la falta de una pasarela peatonal en el arroyo Itay (US$ 140.000). “Se pagó por esto, pero no se hizo”, afirma. “El MOPC ocultó permanentemente ese faltante y lo admite en la nota enviada a Corsán Corvián”, indica la denuncia.

La construcción del “superviaducto” fue realizada a un costo de G. 124.210 millones, y fue adjudicada en una dudosa licitación pública a la empresa española Isolux Corsán, investigada en su país por participación en un esquema de coimas.

En menos de dos meses, la obra ya presentaba fallas, como la inundación del túnel tras una lluvia, un apagón y la filtración en las paredes.

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