Las irregularidades detectadas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en el lapso 2004-2005, comprometen en gran medida a la administración del ex ministro de la cartera, Antonio Ibáñez, quien fue destituido de su cargo por un caso de corrupción en la comercialización de carne.

La auditoría de gestión realizada por la Contraloría General de la República en el MAG revela que las distintas dependencias involucradas en la implementación de la zafra algodonera 2003/2004 cometieron todo tipo de abusos, muchos de ellos de tinte delictivo, en el manejo de los fondos y recursos financieros destinados a la distribución y verificación de semillas.

En ese sentido, señala que no se ha efectuado la obligatoria verificación concurrente debido a que el contrato de consultoría entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la empresa verificadora SER (Sociedad de Estudios Rurales), fue celebrado dos meses después de la entrega de las bolsas. Esto no solo imposibilitó el control real del stock disponible, sino debilitó la supervisión y monitoreo de los pagos de subsidios.

Un dato revelador de la existencia de presunta corrupción constituye la "falta de fiabilidad de los datos informatizados" dice el anuario 2005 al hacer alusión a las diferencias importantes de cantidades de bolsas de semillas registradas, que suman varios millones de guaraníes.

"El MAG no implementó acciones eficaces que respalden las gestiones de cobro de las deudas de las empresas semilleristas por un importe de G. 566.440.000", puntualiza.

En el listado de 38 irregularidades descubiertas en el MAG figura la existencia de registros devueltos para su corrección, y que no han sido subsanados, acerca de planillas incompletas y llenadas precariamente a lápiz, con perjuicios que superan los US$ 40.000, reza el informe entregado el martes 4 de julio pasado en el Congreso Nacional.

Copias del mismo documento fueron entregadas sucesivamente al Poder Ejecutivo (Presidencia de la República) y la Fiscalía General del Estado, señaló entonces el contralor, Octavio Airaldi.