En la transición, la evolución de la cotización de dólar americano con respecto al guaraní fue leve en los años 90, 91, 94, 95, 96 y 2000 con variaciones entre 1,9 a 5,5 por ciento. Luego, más marcada en los años 1992, 1993, 1997, 1998 y 1999 fluctuando entre 10,5 y 16,1 por ciento. Ya en el 2001 el crecimiento fue notorio con un 34,7 por ciento comenzando en G. 3.555 y cerrando el año en 4.790 (ver cuadro).

La cotización del dólar juega un papel importante en varios países, principalmente de Latinoamérica, donde se convierte en la principal moneda utilizada para realizar intercambios internacionales, tanto comerciales como financieros. Para muchos, su valor determina la relación entre los precios en un país y el resto del mundo. Por eso, ya resulta corriente que en las vidrieras de los comercios de nuestra capital los productos sean exhibidos con precios en dólares en muchos casos.
Para el Estado también el tipo de cambio tiene su importancia, razón por la cual cada año, al prepararse el presupuesto general de la nación, se trata de estimarlo de una manera que más pueda acercarse a la realidad. Le sirve para calcular los ingresos en concepto de impuestos en el campo del comercio internacional (importaciones y exportaciones), royalties, deuda externa, etc. A propósito, para este año las autoridades estiman una cotización promedio del dólar de G. 6.800 en tanto que en el 2002 el cálculo de G. 4.700 quedó corto ante los G. 7.200 de cierre de año.

El Gobierno pudo controlar el dólar en el primer mes del año en curso con el retorno de los fondos de las empresas públicas al Banco Central del Paraguay (BCP), para así pinchar el globo de la especulación en el mercado cambiario manteniendo la cotización en el orden de los G. 7.000 tras una reducción de unos 400 puntos, inclusive, con tendencia a seguir bajando el pico.

Históricamente, el dólar tiende a subir en los dos primeros meses del año, pero en este 2003 está mostrando un comportamiento totalmente distinto.


Lenguaje de la coyuntura

GASTO PÚBLICO

El gobierno consume, invierte y presta servicios. Todo ello constituye el gasto público. Dentro del gasto público es útil diferenciar aquella parte del gasto que se concreta en usos productivos (carreteras, hospitales, policía, justicia) y aquella otra parte que tan solo transfiere poder adquisitivo (jubilaciones, subsidios al desempleo, asistencia social).

La primera se define como “gasto público directo” o “gasto exhaustivo” y la segunda, como “pagos de transferencia”.

En el transcurso de las últimas décadas y a través de todo el mundo, el gasto público total ha estado aumentando en relación con el PIB.

A finales del siglo pasado, el economista alemán Adolfo Heinrich Wagner pronosticó esta participación creciente del gasto fiscal en el PIB y su formulación llegó a conocerse como la ley de Wagner.

Wagner pensaba, posiblemente anticipándose a las tendencias que se materializarían cincuenta años más tarde, que el desarrollo de la moderna sociedad industrial daría lugar a unas crecientes presiones políticas “en pro del progreso social” y que exigían tener cada vez más en cuenta las “consideraciones de carácter social” en la dirección de la industria. En consecuencia, sería de esperar una continua expansión en el sector público.

Actualmente existen diversas teorías que tratan de explicar por qué el gasto público aumenta en relación con el PIB.

William J. Baumol, a su turno, sostiene que la productividad en el sector privado aumenta mientras que la productividad en el sector público se estanca. En consecuencia, según Baumol, para que el Gobierno pueda mantener un adecuado nivel de servicio por persona, el gasto del gobierno debe aumentar más que el incremento del PIB.

Richard A. Musgrave da otras explicaciones para tal aumento. Así, determinados elementos, tales como los cambios tecnológicos o en la población, pueden alterar la necesidad de bienes sociales. Por ejemplo, la aparición del automóvil generó un enorme aumento de la demanda de carreteras, contribuyendo a una mayor intervención del sector público de la que era necesaria en las eras del caballo y los carromatos.

Del mismo modo, cambios demográficos como el envejecimiento de la población en las economías desarrolladas pueden dar lugar a un incremento de las necesidades de gasto en pensiones y ayuda a la vejez.

Más recientemente se han desarrollado diversos modelos político-económicos del comportamiento del gobierno para explicar la evolución del gasto público. Los economistas están mostrando un interés creciente por la relación entre el ambiente político que enfrenta un gobierno y las decisiones económicas que adopta en la práctica.

Así, se ha demostrado que existe un ciclo económico político, ya que los gobiernos en ejercicio procuran estimular la economía en vísperas de elecciones políticas, expandiendo los pagos de transferencias, reduciendo impuestos e incrementando el gasto fiscal.

Por otro lado, frente a un aumento inesperado de sus ingresos, aunque éste sea transitorio, muchos gobiernos no pueden resistir las presiones políticas para gastarlo.
La investigación teórica también sugiere que, en países en que el poder político cambia con frecuencia entre partidos políticos rivales, es probable que cada gobierno incurra en elevados gastos mientras se encuentra en el poder y deje así una gran deuda pública a su sucesor.

Por otro lado, los economistas Nouriel Roubini y Jeffrey Sachs, en un estudio empírico, han mostrado que los gobiernos que están divididos entre muchos partidos políticos tienden a exhibir los mayores déficit, ya que se hace más difícil conseguir el consenso para adoptar medidas de austeridad. En cambio, gobiernos de un solo partido han demostrado ser más efectivos en el control del déficit presupuestario.

Otros economistas que han tratado de explicar el incremento del gasto público lo han atribuido a la existencia de grupos de interés que presionan al gobierno para recibir transferencias. Estos grupos de presión representan a individuos o empresarios que actúan conjuntamente para defender sus intereses particulares. Cuando ello obliga al gobierno a otorgar a estos grupos privilegios para sus miembros en contra del interés general, el gobierno está adoptando una forma no representativa.

El término que los economistas utilizan para describir ese tipo de presión es el de “rent-seeking” o búsqueda de rentas. Una renta política nace cuando los particulares tratan de conseguir favores del gobierno. La búsqueda de rentas introduce elementos de perversión en la conducta gubernamental y puede estar en el origen del incremento gradual del gasto público.

Bibliografía
Paluzie, Elisenda. Enciclopedia de Economía-Fortune. Pág. 276. Barcelona: Ediciones Folio S.A., 1997.