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Se habla de un decreto que establece el primer régimen de pacotilla del país que data del año 1963, así como del decreto del 2002 y la resolución del Ministerio de Hacienda que fijan una lista de productos que no se incluyen en este régimen (carne, azúcar, prendas de vestir, calzados).
Así también, desde el 2004 rige la Ley del Código Aduanero que establece un régimen de franquicia para tránsito terrestre que permite compras en frontera de hasta US$ 150 por persona, a quienes solo se les exige el pago de 10% de sus adquisiciones en concepto de IVA.
Por otro lado, se habla del tráfico vecinal fronterizo, que es una figura prevista en el Código Aduanero, pero que aún se debe reglamentado.
También se maneja que el régimen de pacotilla solo es permitido para productos adquiridos para autoconsumo y no para la venta, y su traslado no puede superar los 20 kilómetros de la frontera.
Vale decir, existen compras fronterizas permitidas y amparadas por la legislación paraguaya, y solo las que no se ajustan a la misma son contrabando propiamente dicho.
Toda esta cantidad de información genera una gran confusión en la ciudadanía y hasta en los mismos paseros. Las personas dedicadas a la compra de productos fronterizos y su posterior comercialización plantean que el monto de franquicia de US$ 150 pase a US$ 1.000.
En ese sentido, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) considera que mientras el Gobierno no facilite los trámites de importación, el contrabando no será frenado, aún haciendo controles de 24 horas todos los días.
Elzear Salemma, presidente de Capasu, afirmó la semana última que no puede ser que el presidente de la República, Federico Franco, se haya enterado de la existencia del contrabando recién tras una reunión mantenida con la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
De hecho, en el plan anticontrabando se verifica una gran descoordinación del Ejecutivo, ya que la Dirección Nacional de Aduanas no es la única involucrada en esta problemática.
Por ejemplo, también deben participar la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), ya que muchos buses y vehículos utilizados están circulando al margen de la legalidad; la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac), la Prefectura Naval, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), Policía, Fiscalía, Juzgado y hasta el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ya que una vez que el producto está en el mercado, es un tema del área de comercialización.
Sin embargo, todas estas instituciones brillan por su ausencia en el supuesto plan del Ejecutivo de “tolerancia cero” al contrabando.