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Cabe recordar que todo este desbarajuste derivó de una “orden de secuestro” que emitió el juez Carlos Manuel Giménez el pasado 30 de mayo, quien sin competencia intimó al MIC a devolver a la firma Industria Paraguaya de Alcoholes SA (Inpasa) las 1.969 bolsas (llamativa la cantidad, puesto que a esa altura solo quedaban 1.200).
Tras emitir la medida, dicho magistrado fue suspendido en el cargo por la Corte Suprema de Justicia y remitió sus antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El destituido juez fue reemplazado por su colega Antonio Duarte Guerrero, quien –sin embargo– se apartó de entender en el caso y se declaró “incompetente”.
Entonces, en esas circunstancias, la medida que dio pie a los “propietarios” de la carga a disponer de la misma es nula, pero ya hicieron desaparecer gran parte del “cuerpo del delito”.
Antecedentes
El proceso sobre este presunto megacontrabando, perpetrado supuestamente por los ingenios Inpasa, Comvence SA e Iturbe SA, se inició con una denuncia formal presentada en enero de este año por el MIC al Ministerio Público, y que daba cuenta de una “operación conjunta” realizada por estas firmas para ingresar ilegalmente al país las 1.969 toneladas de azúcar.
El cargamento, además de no ser de producción nacional (los involucrados no han podido demostrar que fue fabricado con caña de azúcar local), carecía de número de lote, templa, RE, RSPA, marca y procedencia. Tras el procedimiento, quedó como depositaria fiel de la carga la gerente administrativa de Inpasa, Cecilia Mora, no pudiendo ser trasladada ni comercializada hasta que concluya el sumario respectivo en el MIC.
El propietario de Inpasa es el brasileño José Odvar Lopes, que ya está imputado en la causa, mientras que el titular de Comvence es Luis Pomata, firma que supuestamente intermedió en la compraventa del azúcar.
El proceso administrativo terminó con una multa a Inpasa, cuya resolución fue recurrida ante el Tribunal de Cuentas, en fecha 25 de abril del presente año, lo que implica que la sanción aún se halla pendiente y no se podía disponer del cargamento.
Sin embargo, el pasado 4 de abril, tras una verificación, la Dirección Nacional de Aduanas detectó el primer faltante de 469 bolsas de 1.000 kilos, hallándose ya solamente 1.500 bolsas o toneladas.
Luego, tras un allanamiento ordenado por el juez Humberto Otazú, ya se encontraron solamente 1.200 bolsas. Posteriormente, el 3 de junio último, en el marco del proceso de verificación y control de stock mensual de los ingenios azucareros, inspectores del Ministerio de Industria y Comercio fueron sorprendidos con que solo había 563 bolsas.
Las autoridades administrativas y los investigadores llegaron a la conclusión de que han “desaparecido” nada menos que 1.406 bolsas, que estaban bajo responsabilidad de la gerente administrativa de Inpasa, Cecilia Mora, designada “depositaria fiel”.